Toledo, 27 de febrero de 2025.- En una reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha manifestado su desacuerdo con el criterio de reparto del nuevo impuesto a la banca, el cual se basa en el Producto Interior Bruto (PIB) regional. El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, califica esta medida de “injusta” y la contrasta con un principio fundamental de la Constitución Española que aboga por un reparto equitativo de la riqueza entre todas las regiones del país.
Durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida en Toledo, Ruiz Molina explicó los fundamentos detrás de la postura del Gobierno regional. Aseguró que el enfoque actual beneficia a las comunidades con mayor capacidad económica y genera desigualdades en el acceso a servicios públicos, favoreciendo a aquellos que residen en regiones más prósperas con mejor financiación y servicios de calidad superior. “La sociedad no entiende que un impuesto recaudado de los más ricos se reparta fundamentalmente entre las comunidades más ricas”, subrayó.
A pesar de que la propuesta del impuesto proviene de un Gobierno socialista, Ruiz Molina afirmó que su administración pretende actuar con coherencia, priorizando los intereses de Castilla-La Mancha por encima de cuestiones políticas. “Votaremos a favor de lo que beneficie a la región y en contra de lo que la perjudique”, aseguró. Asimismo, instó al líder del Partido Popular en la región, Paco Núñez, a adoptar una filosofía de consenso y responsabilidad similar.
En otra cuestión abordada durante la conferencia, el consejero mostró su “satisfacción” por la propuesta de condonación parcial de la deuda estatal, que asciende a 5.000 millones de euros para Castilla-La Mancha. Ruiz Molina señaló que esta medida no solo corrige una injusticia histórica, ya que la región ha sido la primera en reclamar oficialmente la condonación desde 2017, sino que también reconoce la infrafinanciación que ha sufrido.
La condonación de deuda permitiría a Castilla-La Mancha reducir su ratio de deuda respecto al PIB del 30% actual al 20%, convirtiéndose en una de las comunidades más beneficiadas en términos per cápita. Sin embargo, Ruiz Molina advirtió que esta medida no soluciona los problemas de financiación a largo plazo, enfatizando la necesidad de establecer un nuevo modelo de financiamiento que aborde las carencias económicas que enfrenta la comunidad autónoma.
El consejero abogó por la creación de un fondo transitorio que compense a las comunidades que continúan enfrentando infrafinanciación, solicitando un esfuerzo similar al que se realizó para la condonación de la deuda, con el fin de asegurar un modelo justo de financiación para todas las comunidades autónomas.
El mensaje de Ruiz Molina es claro: Castilla-La Mancha busca asegurar que las decisiones futuras en materia de financiación sean justas y beneficien a todos los ciudadanos, sin importar su ubicación en el territorio nacional.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
