Este martes, el Gobierno español presentará un ambicioso plan económico con el objetivo de mitigar las consecuencias de la histórica DANA que ha devastado varios municipios de Valencia. En el próximo Consejo de Ministros se aprobará un paquete de medidas que incluye un “escudo laboral” y la posibilidad de que la Generalitat Valenciana realice gastos urgentes sin restricciones, además de declarar la zona como “gravemente afectada”, facilitando así el acceso a ayudas para la reconstrucción.
El anuncio incluye la activación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor para las empresas afectadas, lo que permitirá a estas suspender temporalmente contratos sin que los empleados pierdan su puesto de trabajo. De acuerdo con la vicepresidenta Yolanda Díaz, el Estado se encargará de las cotizaciones sociales de los trabajadores en ERTE, garantizando que los días de suspensión no afecten su derecho al desempleo.
En el ámbito fiscal, el Ministerio de Hacienda autorizará a la Generalitat Valenciana a cubrir gastos urgentes sin las restricciones habituales del déficit para el año 2024. Además, se aplazará el cobro del segundo pago de la declaración de la renta a aproximadamente 200.000 contribuyentes en la provincia de Valencia. Este alivio fiscal, dirigido a quienes optaron por pagar en fracciones, no implica una condonación, pero sí un respiro en momentos críticos.
Los autónomos también recibirán apoyo, ya que podrán acceder a la prestación por cese de actividad sin necesidad de cumplir los requisitos habituales. Paralelamente, el Ministerio de Economía se coordina con el Consorcio de Compensación de Seguros para tramitar 46,000 reclamaciones por daños materiales, con la promesa de que los primeros pagos comenzarán la próxima semana, priorizando las solicitudes que ya están en proceso.
La declaración de zona gravemente afectada es un mecanismo esencial que permitirá canalizar ayudas para la reconstrucción de infraestructuras y facilitar el acceso a líneas de crédito del ICO. Según estimaciones de la Generalitat Valenciana y del Gobierno, el impacto económico inicial de la DANA asciende a unos 2.600 millones de euros. Este estatus proporcionará, además, exenciones fiscales en impuestos como el IBI y el de Actividades Económicas, contribuyendo a aliviar la carga de quienes han sido perjudicados.
En lo que respecta al ámbito laboral, dicha declaración permitirá a las empresas y autónomos beneficiarse de moratorias en el pago de cotizaciones sociales. La Cámara de Comercio de Valencia ha estimado que la DANA ha afectado a más de 54,000 empresas y a 354,000 trabajadores en la región, lo que representa un tercio de los afiliados a la Seguridad Social en la provincia. Las medidas anunciadas buscan, en definitiva, preservar el empleo y facilitar la recuperación económica tras esta devastadora crisis.
