El Gobierno regional asegura que la competencia de las concesiones de las líneas que se ha anunciado que serán suprimidas es del Ministerio de Fomento

Toledo, 7 de julio de 2017.- El director general de Carreteras y Transportes, David Merino, ha asegurado que “debe quedar muy claro que la competencia actualmente es del Ministerio de Fomento y debe ser él quien debe buscar soluciones provisionales para que el servicio de transportes que prestan empresas de Monbús no se suspenda en la fecha con la que han amenazado”.
 
De esta forma, el responsable de estas áreas en la Consejería de Fomento ponía sobre la mesa el papel que ha jugado el Gobierno de Castilla-La Mancha en relación a la supresión de varias líneas dentro de dos concesiones de transporte de viajeros que se adjudicaron a Monbús y que afectan a poblaciones de las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real.
 
“Nosotros hemos intentado mediar y, de hecho, hemos conseguido el retraso de casi dos meses de la supresión; aunque queremos matizar que desde la Junta de Comunidades nunca hemos hablado de negociaciones sino de conversaciones para tratar de buscar soluciones porque nos preocupa la movilidad de nuestros ciudadanos; pero las competencias de la adjudicación y explotación de las dos concesiones son del Ministerio, que es quien debe ser el que proponga soluciones. Nosotros si tenemos que colaborar ahí estaremos, pero es el Ministerio quien debe llevar la iniciativa en la solución de estos problemas”, ha expresado el director general.
 
Las concesiones se encuentran caducadas desde 2013 y han sido prorrogadas forzosamente
 
Las dos concesiones que operan, y que se adjudicaron a empresas del Grupo Monbús, se corresponden con las VAC-114 (Cuenca-Albacete-Valencia) y la VAC-212 (Puertollano-Albacete-Valencia), ambas competencia del Ministerio de Fomento, de hecho la denominación de VAC es el acrónimo de Viajeros Administración Central; por tanto, “es al Ministerio a quien corresponde la responsabilidad de su gestión y explotación a través de la Dirección General de Transporte Terrestre”, ha añadido Merino.
 
Según ha detallado el director general, las concesiones están caducadas desde el año 2013 y han sido prorrogadas forzosamente como permite la Ley de Transportes, aunque “las concesiones están en un limbo legal, desde el punto de vista administrativo”.
 
Cronología de las conversaciones con el Ministerio de Fomento y la empresa Monbús
 
Fue el pasado 8 de mayo cuando el Gobierno regional conoce por medio de los ayuntamientos afectados por esta amenaza, que la supresión de los servicios se ejecutaría el día 15 de mayo. La Dirección General de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento contacta con el Ministerio para solicitar explicaciones y aseguran no tener conocimiento oficial aunque si un escrito en el que Monbús pide modificaciones en la prestación del servicio.
 
Aunque fue el Ministerio el que se comprometió a hablar con la empresa para buscar medidas, desde el Gobierno regional se contactó con Monbús y “conseguimos una moratoria de esa suspensión, al menos, hasta que acabara el curso escolar, para perjudicar con la incidencia lo menos posible; y pensando que en este plazo el Ministerio negociaría de cara al futuro hasta obtener una nueva licitación de estas concesiones”, ha explicado David Merino.
 
Tras este periodo, la empresa se dirigió a la Consejería de Fomento para informar que el Ministerio no había contactado con ellos y “que si no se buscaba una solución se suspendería definitivamente el servicio que se había dicho al Ministerio el 5 de mayo”, ha recordado el director general, al tiempo que ha asegurado que “le pedimos tiempo para buscar soluciones, ya que el principal objetivo es que la movilidad de los ciudadanos se pudiera mantener al menos como hasta el momento, consiguiendo finalmente un plazo de diálogo de un mes, es decir, hasta el 21 de julio”.
 
“Sorpresivamente y sin comunicación previa, la empresa Monbús vuelve a mandar un correo a los Ayuntamientos para decir que a partir del 10 de julio suspenderá los servicios de forma definitiva, por lo que contactamos con el Ministerio y le ponemos en preaviso; sin embargo, conocemos que el Ministerio no ha hecho nada hasta esa fecha”, ha dado a conocer Merino. El siguiente paso que se dará tendrá lugar en la reunión a tres bandas entre Ministerio de Fomento, el Gobierno de Castilla-La Mancha y la empresa, el próximo 12 de julio.
 
El director general de Transportes y Carreteras ha señalado que “nosotros estamos dispuestos a ayudar en lo que sea necesario, pero no a asumir competencias totales que no tenemos”, lamentando que este tipo de transporte sufriera un importante retroceso en la demanda entre los años 2011 y 2015, periodo en el que se estima que los ingresos cayeron un 42 por ciento y dificultaron mucho la viabilidad de muchos trayectos.
 
“Entendemos la situación de la empresa, pero no las formas que ha utilizado para tomar esta decisión y, por supuesto, criticamos la inacción del Ministerio que desde 2013 conoce que las concesiones están caducada y que no había hablado con la empresa habiendo conocido sus amenazas el pasado mes de mayo. Desde la Consejería de Fomento estamos para ayudar o mediar pero las soluciones las tiene que buscar el Ministerio de Fomento”, ha resumido.
 
35 municipios donde el servicio se suspende totalmente y otra veintena de afectados
 
David Merino ha estimado que alrededor de 35 municipios de Cuenca, Albacete y Ciudad Real serían los que podrían verse afectados por la suspensión total de estos servicios y otra veintena sufrirían una reducción en su oferta, ya que algunas propuestas de la empresa no es suspender líneas enteras sino conexiones entre municipios.
 
El director general ha recordado que el Gobierno regional tiene concesiones propias de ámbito regional pero que “es el Ministerio el que tiene herramientas como contrataciones directas urgentes o de emergencia para dar solución ahora y no las está ejerciendo”. De esta forma, ha reiterado que “no es responsabilidad nuestra dar una alternativa, sino complementar, en todo caso la propuesta que nos haga el Ministerio el día 12”. “Cada administración tiene que asumir sus competencias, por eso, queremos confiar en que nos den una solución y podamos trasladarla”, ha concluido. 

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