El Gobierno de Castilla-La Mancha ha expresado su preocupación por el retraso en la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria para el año 2025 y por la escasez de información relacionada con los temas abordados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta inquietud fue expuesta por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, en declaraciones a los medios antes de la reunión de este órgano, que es presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Ruiz Molina destacó la gravedad de la falta de claridad en aspectos cruciales, como el incremento retributivo de los empleados públicos. Esta situación, según el consejero, complica la elaboración de los presupuestos autonómicos, los cuales deberían entrar en vigor el próximo 1 de enero. Asimismo, puso en duda la efectividad del sistema actual, al señalar que “algo no funciona”. En este sentido, argumentó que las comunidades autónomas necesitan tener un acceso real al “principio de autonomía financiera”, en lugar de depender de decisiones que emanan de la capital.
El consejero también subrayó que, aunque el Gobierno regional se esfuerza por presentar presupuestos con datos precisos, lo que resulta beneficioso para el Gobierno nacional podría ser perjudicial para las comunidades autónomas. Esta problemática se ve acentuada por la falta de documentación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, que, lamentó, no ha recibido informes oficiales.
Ruiz Molina hizo un llamado a la coherencia al Gobierno central, señalando que, mientras se solicita una posición unificada al Partido Popular, el Partido Socialista presenta divisiones internas respecto a la financiación de Cataluña. Reiteró la postura del presidente García-Page, quien ha rechazado la propuesta de un modelo de financiación singular para dicha comunidad. A este respecto, abogó por que el Gobierno de la Nación elabore un documento que reconozca la “singularidad de todas las comunidades” y promueva consensos que respeten el principio de igualdad en el acceso a los servicios públicos.
Además, el consejero desestimó la idea de implementar un modelo basado en la ordinalidad, argumentando que dicha aproximación contraviene los principios que defiende su partido. Por último, enfatizó la necesidad de establecer un fondo transitorio de compensación destinado a las comunidades que son consideradas infrafinanciadas, de acuerdo con estudios del propio Ministerio de Hacienda.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
