En un esfuerzo por mejorar la administración pública, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha iniciado procesos selectivos para ocupar 2.306 plazas en la Administración General, conforme a las Ofertas de Empleo Público de 2023-2024. Esta acción, presentada el pasado 9 de junio por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, en el Palacio de Fuensalida de Toledo, forma parte del compromiso del presidente Emiliano García-Page para fortalecer los servicios públicos en la región.
El proceso selectivo se prolongará hasta junio de 2026, cuando los seleccionados asumirán sus nuevos puestos. De las 2.306 plazas disponibles, 1.435 están destinadas a personal funcionario y 871 a personal laboral. Un aspecto relevante de esta convocatoria es la inclusión: se reservan 162 plazas, equivalente al 7% del total, para personas con discapacidad, con un proceso de selección adaptado específicamente para aquellos con discapacidad intelectual.
La respuesta a estas convocatorias ha sido destacable, con 65.098 personas admitidas, lo que representa un incremento del 12% en comparación con procesos anteriores. De estas solicitudes, el 68% corresponden a mujeres, lo que refleja un avance hacia la igualdad de género en el ámbito público. Asimismo, se anticipa que muchos solicitantes con discapacidad requerirán adaptaciones para las pruebas, incluyendo ampliaciones del tiempo disponible y la eliminación de barreras físicas.
Para gestionar la gran cantidad de plazas y diferentes categorías, se han creado 76 tribunales compuestos por 764 miembros, de los cuales el 55% son mujeres, asegurando así la transparencia y objetividad en el proceso. Las pruebas se llevarán a cabo en 18 centros distribuidos por las cinco provincias de la comunidad, involucrando a cerca de 3.700 personas en tareas de apoyo y logística.
Las fechas específicas para las pruebas se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha; sin embargo, se espera que comiencen entre el 20 de septiembre y el 25 de octubre de 2025, comenzando con las adaptadas para personas con discapacidad intelectual y continuando con las de los cuerpos superiores y técnicos. La mayor parte de las evaluaciones se realizarán en Toledo, aunque también habrá pruebas en otras capitales provinciales.
Este proceso es parte del esfuerzo continuo del Gobierno regional por fortalecer sus servicios públicos, con un total de 12.371 plazas previstas hasta 2027. Ruiz Molina destacó que estas iniciativas buscan no solo reducir la interinidad en las plantillas de funcionarios, sino también mejorar la calidad de vida en la región y reforzar los servicios ofrecidos a la ciudadanía. En definitiva, el objetivo es claro: asegurar que los recursos humanos en la administración pública se mantengan como el pilar fundamental para la prestación de estos servicios.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
