El Gobierno de Castilla-La Mancha ha defendido la necesidad de modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura y ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento de la legislación vigente. Esta declaración llega en respuesta a una carta enviada por los presidentes de la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y el sindicato central de regantes del acueducto Tajo-Segura (SCRATS) a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, donde solicitan el mantenimiento del trasvase y se oponen a la implementación de caudales ecológicos.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, calificó la misiva de «indignante», argumentando que lo que solicitan es una ilegalidad contraria al Real Decreto de 2023, que establece los planes hidrológicos, incluido el que regula el río Tajo. Gómez subrayó que hay siete sentencias judiciales que respaldan la necesidad de cambiar la gestión del trasvase y asegurar que se contemple no solo el cumplimiento de los caudales ecológicos, sino también un uso más responsable del agua, dado el impacto del cambio climático.
En este contexto, la consejera valoró la reciente aprobación de un nuevo triple trasvase de 81 hectómetros cúbicos para los próximos tres meses, lo que permitirá que se trasvase más agua de lo habitual hasta final de año. Gómez recordó que aún quedan pendientes 132 hectómetros cúbicos del año hidrológico anterior, en parte debido a una avería en el acueducto.
También hizo hincapié en que, gracias a las lluvias en Levante y a la capacidad de desalación, no hay justificación para continuar con el ritmo actual de trasvases, asegurando que el abastecimiento humano está garantizado. Sin embargo, advirtió sobre la presión ejercida por el lobby agroalimentario del Levante, que se beneficia de un agua trasvasada a un costo más bajo que el de la desalada.
Gómez lamentó que se estén perdiendo oportunidades de revisar las reglas del trasvase, recordando que el Real Decreto vigente exige que esta revisión se efectúe antes de 2027 y que ya han transcurrido dos años desde su entrada en vigor. El Gobierno de Castilla-La Mancha se comprometió a seguir trabajando en colaboración con el Estado, manteniendo una postura firme en defensa de un uso sostenible y legal del recurso hídrico.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
