El Gobierno de Castilla-La Mancha ha instado al Ejecutivo español a aprobar de manera urgente un fondo transitorio que compense a las comunidades autónomas que están infrafinanciadas, en ausencia de un nuevo modelo de financiación. Esta solicitud es respaldada por el reconocimiento de los técnicos y del propio Ministerio de Hacienda sobre la situación de comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha.
Durante la reciente XXVIII Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, el presidente regional, Emiliano García-Page, acompañado por el vicepresidente Primero de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, y el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, subrayaron que la financiación que recibe Castilla-La Mancha está muy por debajo de la media nacional, lo que genera un «sobreesfuerzo» en la provisión de servicios públicos fundamentales.
Ruiz Molina expresó su decepción por la falta de atención prestada al tema de financiación en la conferencia y recalcó la importancia de que todas las políticas públicas dependan de una adecuada financiación. El actual sistema, que lleva en vigor más de diez años, ha generado tensiones financieras en todas las comunidades autónomas.
En este contexto, el consejero se opuso a las negociaciones bilaterales sobre el cupo catalán, argumentando que todas las comunidades tienen sus propias singularidades y que es necesario corregir los problemas del sistema actual, que muestra una diferencia de más del 30% en las financiaciones. Propuso la necesidad de igualar la financiación por habitante ajustado y basarla en los costos reales de los servicios públicos.
Por otra parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, presentó un decálogo de propuestas en materia de vivienda, abogando por aumentar la oferta y abordando el problema de la ocupación ilegal. Hernando señaló que Castilla-La Mancha llega a la conferencia con «deberes hechos» e instó a otros participantes a adoptar un enfoque proactivo en sus políticas.
El consejero de Educación, Amador Pastor, demandó también fondos para implementar la nueva Ley de Universidades, insistiendo en la necesidad de asegurar la inversión en este sector y mantener la oferta de plazas en Formación Profesional y educación infantil.
Estas propuestas y demandas fueron presentadas en un contexto en el que Castilla-La Mancha busca garantizar mejores condiciones de financiación y apoyo en áreas clave como la educación y la vivienda.
vía: Diario de Castilla-La Mancha