El 14 de noviembre de 2025, Toledo fue escenario de un importante avance en la colaboración entre el Gobierno regional de Castilla-La Mancha y el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM). Ambas entidades firmaron un Protocolo General de Actuación con el fin de reforzar su cooperación en situaciones de emergencia. Este acuerdo está destinado a intervenir de manera efectiva en casos de grave riesgo colectivo, catástrofes o calamidades públicas, y activará un plan de protección civil durante las fases de emergencia o recuperación.
El acto de firma contó con la participación de destacados representantes del gobierno regional, incluyendo al consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; el consejero de Fomento, Nacho Hernando; el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor; y la decana del COACM, Maria Elena Guijarro. A través de este protocolo, las partes buscan asegurar la creación y mantenimiento de un grupo de expertos en la evaluación de daños en emergencias, además de fomentar la formación y la colaboración entre los servicios de emergencia de la administración y los arquitectos.
La firma de este acuerdo responde a un contexto en el que han aumentado las emergencias y catástrofes que afectan la seguridad de las personas, el medio ambiente y los bienes materiales, incluyendo infraestructuras críticas y el patrimonio cultural de la comunidad autónoma. Ante esta creciente necesidad, el protocolo establece un sistema de colaboración en el que los arquitectos colegiados ofrecerán sus servicios profesionales, asesorando e inspeccionando la seguridad de viviendas e infraestructuras dañadas.
Adicionalmente, se ha previsto la colaboración con la Escuela de Protección Ciudadana para diseñar una oferta formativa que potencie la preparación técnica de los equipos involucrados en situaciones de riesgo. Para garantizar la ejecución efectiva del protocolo, la Dirección General de Protección Ciudadana se compromete a acreditar a los arquitectos capacitados en evaluación de daños y a coordinar sus intervenciones en el terreno.
También se creará una Comisión de Seguimiento, compuesta por representantes de ambas entidades, que velará por el cumplimiento del protocolo, asegurando que se aporten los recursos necesarios sin generar gastos adicionales. Este convenio representa una respuesta proactiva y coordinada frente al incremento de emergencias, con el objetivo de mejorar la seguridad y eficacia en la gestión de crisis en la región.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
