El pasado jueves 9 de enero, David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz para declarar en relación a su contratación como coordinador de los conservatorios de la provincia y, posteriormente, como jefe de la oficina de artes escénicas. Durante su declaración, que se extendió por aproximadamente una hora y media, respondió a preguntas sobre su capacitación y el cumplimiento de sus funciones laborales.
Sánchez defendió la legalidad de su contratación, rechazando cualquier acusación de irregularidad al respecto. En este contexto, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, respaldó a Sánchez y calificó la investigación de ser un intento de la extrema derecha por politizar la justicia, enfatizando que no tuvo conocimiento previo de su contratación hasta que vio su nombre en la lista de admitidos.
La jueza Beatriz Biedma es la encargada de investigar el caso, donde se indagan posibles delitos como la prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el puesto de David Sánchez fue creado de forma «apresurada», aunque aún no se han identificado a los responsables de esta decisión.
Durante su comparecencia, Sánchez explicó que se enteró de la vacante a través de un buscador de internet, desmintiendo cualquier vínculo previo con la Diputación de Badajoz o con el partido socialista extremeño. Asimismo, afirmó que su trayectoria profesional había estado principalmente en el extranjero y que no mantenía relaciones con la política local.
A la hora de evaluar su desempeño, Sánchez admitió que desconocía la ubicación exacta de su oficina, explicando que trabajaba principalmente desde su hogar, utilizando distintas instalaciones públicas cuando era necesario y no contaba con un despacho fijo.
A pesar de las denuncias presentadas por la organización Manos Limpias, que alegan un presunto enriquecimiento ilícito de más de un millón de euros, hasta el momento no han surgido pruebas que respalden tales acusaciones. La investigación continúa bajo el escrutinio de la jueza Biedma y la UCO, que siguen analizando el proceso de contratación y la gestión administrativa en la Diputación de Badajoz.
La resolución de este caso determinará si existieron irregularidades en la contratación de Sánchez o si todo el proceso se llevó a cabo conforme a la normativa vigente. Mientras tanto, la atención de la opinión pública se mantiene centrada en los desarrollos de este controvertido asunto y en las diligencias judiciales pertinentes.
