Comprar una vivienda en Castilla-La Mancha se ha vuelto un desafío considerable para los potenciales compradores. Esta dificultad no solo se debe al aumento de precios en provincias como Toledo, Cuenca, Albacete, Guadalajara y Ciudad Real, sino también a la pesada carga fiscal que acompaña cada operación inmobiliaria. Estudios recientes indican que aproximadamente el 20 % del coste final de una vivienda proviene de impuestos y tasas, lo que incrementa notablemente el gasto que deben asumir los compradores.
Por ejemplo, al adquirir un piso de 150.000 euros en Ciudad Real, el valor puede aumentar en unos 30.000 euros solo por concepto de impuestos y tasas. Esta diferencia puede ser decisiva a la hora de obtener una hipoteca o cubrir los gastos iniciales de la compra.
La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aplica un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) del 9 % para la vivienda de segunda mano, uno de los más altos de España. Este impuesto se suma a otros como los Actos Jurídicos Documentados (AJD), que se sitúan en el 1,25 %. Para un inmueble de 120.000 euros en Cuenca, esto se traduce en unos 12.300 euros adicionales en impuestos, sin contar costes de notaría, registro o gestoría. En Guadalajara y Toledo, donde los precios han aumentado por su proximidad a Madrid, esta carga fiscal se convierte en un impedimento aún mayor para los jóvenes que buscan emanciparse.
Este encarecimiento fiscal se suma a un contexto de salarios ajustados y una oferta limitada de vivienda pública. Según datos del Consejo de la Juventud de España, más del 42 % de los jóvenes castellanomanchegos menores de 30 años afirma que no puede emanciparse por razones económicas. De hecho, el esfuerzo económico para adquirir una vivienda en la región supera, de media, los siete años de salario bruto completo, un tiempo mayor al que recomiendan organismos internacionales, que sugieren no superar los cuatro años.
La carga fiscal en Castilla-La Mancha es notablemente superior a la de países vecinos. En Portugal, el impuesto de transmisiones rara vez excede el 6 %, mientras que en Francia la carga fiscal media está en torno al 5,8 %. Además, Italia impone un 2 % para la compra de la primera residencia, y un 9 % para la segunda. Esto coloca a España entre los países de la OCDE con mayores cargas fiscales sobre la vivienda, solamente superada por Bélgica y Reino Unido.
Sin embargo, los impuestos relacionados con la vivienda son una de las principales fuentes de ingresos para el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En Castilla-La Mancha, gran parte de los ingresos autonómicos proviene del ITP y el AJD. Aunque reducir estas tasas podría facilitar el acceso a la vivienda, implicaría un fuerte impacto negativo en las finanzas públicas, que dependen de estos ingresos para financiar servicios básicos.
Los promotores de vivienda han solicitado desde hace tiempo la reducción del ITP y del AJD, pero hasta el momento, las administraciones autonómicas y locales no consideran cambios significativos debido a las repercusiones en la recaudación. La situación actual representa un dilema: facilitar el acceso a la vivienda o mantener la capacidad de financiación gubernamental.
Finalmente, es fundamental que se analicen estas dificultades para encontrar soluciones que equilibren el acceso a la vivienda y la necesidad de ingresos fiscales.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
