El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha dado a conocer este lunes la jubilación anticipada del juez Manuel García Castellón, quien ocupó hasta ayer el cargo de titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. García Castellón, reconocido por su participación en investigaciones significativas como el caso Tsunami Democràtic, la operación Púnica y el caso Villarejo, solicitó adelantar su retiro al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Aunque su jubilación estaba prevista para el 16 de octubre, cuando cumpliría 72 años, el CGPJ aprobó su solicitud en junio, permitiéndole abandonar su puesto a partir del 2 de septiembre.
El decreto que formaliza su jubilación fue firmado por Vicente Guilarte, presidente interino del CGPJ, y publicado en el BOE, oficializando así su salida del tribunal. La partida anticipada de García Castellón genera incertidumbre sobre quién asumirá su lugar y el manejo de las causas pendientes bajo su jurisdicción.
Durante su trayectoria, García Castellón se destacó por liderar investigaciones de gran relevancia, como el caso de Tsunami Democràtic, que decidió archivar el pasado 9 de julio. La Sala de lo Penal invalidó diligencias acordadas por él en los últimos tres años debido a la presentación de una prórroga de la investigación fuera del plazo correspondiente.
Su legado en la Audiencia Nacional está marcado por su participación en casos complejos que han influido en el panorama judicial y político español. Su retiro representa el fin de una era en el Juzgado Central de Instrucción número 6, dejando un vacío significativo en esta importante instancia judicial.
La jubilación anticipada de García Castellón plantea retos importantes para el Juzgado Central de Instrucción número 6, que durante su gestión manejó investigaciones de gran envergadura. La selección del nuevo titular será crucial, ya que deberá heredar casos de alta relevancia, algunos de los cuales se encuentran en fases críticas de su investigación. La continuidad y la imparcialidad en estos procedimientos son esenciales para mantener la confianza en el sistema judicial español.
