El juez Peinado ha sido objeto de controversia al no lograr probar el supuesto tráfico de influencias en el caso de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Incapaz de demostrar la acusación inicial, Peinado ha planteado la teoría de un posible “tráfico de influencias en cadena”.
Esta maniobra ha sido criticada por parecer una estrategia para evadir la ley de enjuiciamiento criminal y ha sido vista por muchos como un movimiento político más que judicial. La teoría del juez Peinado ha sido cuestionada por expertos legales, quienes argumentan que la falta de pruebas concretas debería haber llevado a un cierre del caso en lugar de a una reinterpretación creativa de los hechos.
El juez Peinado ha sido señalado como un operador político en este caso, debido a su insistencia en mantener la investigación a pesar de la falta de evidencias claras. Su enfoque ha sido interpretado como un intento de prolongar el caso y mantener la atención pública sobre Begoña Gómez, a pesar de la ausencia de pruebas contundentes.
Las acciones del Juez Peinado han sido vistas como una desviación de los procedimientos judiciales tradicionales. En lugar de adherirse a la ley de enjuiciamiento criminal, el juez parece estar manipulando casi todo el caso para alcanzar un objetivo específico.
Las críticas hacia el juez Peinado no solo provienen del ámbito político, sino también del judicial. Muchos juristas han expresado su preocupación por la falta de imparcialidad y la posible politización del caso. El riesgo de que los procedimientos judiciales se utilicen con fines políticos es una preocupación recurrente entre los defensores de la justicia.
Es esencial que el sistema judicial mantenga su independencia y no se vea influenciado por intereses políticos. El caso de Begoña Gómez pone de relieve la importancia de la imparcialidad judicial, y cómo las acciones de un juez pueden impactar en la percepción pública de la justicia.
