La declaración de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, en el caso Koldo ha sido suspendida una vez más, sin una nueva fecha fijada. El juez instructor, Ismael Moreno, tomó esta decisión justificándola por la agenda de señalamientos del Juzgado Central de Instrucción Número 2. En su providencia, el magistrado ha indicado que se establecerá un nuevo día «una vez adecuado el calendario».
Este es el segundo aplazamiento del interrogatorio a Pardo de Vera. La primera cita, que debía producirse a finales de mayo, se pospuso a petición de su defensa, que argumentó la necesidad de estudiar el caso más a fondo. En esta ocasión, el retraso se produce también tras el cambio de abogado de la exmandataria, quien ha sustituido a Rosa María Seoane, exjefa de la Abogacía del Estado, por el letrado Gonzalo Rodríguez-Mourullo.
Isabel Pardo de Vera está imputada por supuestos delitos de malversación y tráfico de influencias relacionados con la contratación «aparentemente irregular» de Jésica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. La Fiscalía Anticorrupción ha respaldado la imputación tras recibir un aviso del Tribunal Supremo, que investiga parte del caso debido al aforamiento de Ábalos. El propio juez Puente ha destacado la «relevante participación» de Pardo de Vera en esta contratación, la cual, según testimonios, fue influenciada por presiones externas.
Las investigaciones sugieren que Rodríguez fue asignada a la presidencia de Adif sin cumplir funciones reales, lo que el magistrado considera evidencia de una posible simulación laboral. En sus fundamentos, el juez ha mencionado mensajes y testimonios que apuntan a que la contratación estuvo motivada por intereses externos, incluyendo conexiones con la trama Koldo.
Pardo de Vera previamente declaró ante el Tribunal Supremo, donde admitió que Ábalos mostraba interés en contrataciones dentro de empresas vinculadas a la investigación. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional aún no ha decidido si imputarla también por adjudicaciones irregulares de obras públicas. Este nuevo aplazamiento ofrece a la defensa de la exalta cargo más tiempo para prepararse en un caso que sigue arrojando luces sobre la corrupción en las empresas públicas durante la gestión del Ministerio de Transportes.
