El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo ha dictado una sentencia que avala la legalidad de las actividades cinegéticas en el Parque Nacional de Cabañeros, en respuesta a un recurso presentado por un miembro de la Asociación de Afectados por el Parque Nacional de Cabañeros (AAPNC). Este individuo argumentó que la administración pública no tiene la autoridad para prohibir la caza en este espacio protegido mientras no se hayan implementado las medidas requeridas por la legislación vigente.
La sentencia, notificada el 8 de enero, concluye que la Junta de Castilla-La Mancha ha intentado establecer restricciones a la caza sin haber garantizado las compensaciones y procedimientos que la normativa exige. De acuerdo con el tribunal, esto vulnera los derechos patrimoniales de los afectados. Por su parte, la AAPNC ha destacado que esta decisión se suma a otras tres sentencias previas dictadas por los Juzgados de Toledo, que mantienen una postura común sobre el incumplimiento de la Administración respecto a la disposición adicional séptima de la Ley 30/2014, de Parques Nacionales.
Entre las exigencias que establece la legislación se encuentran la elaboración de criterios técnicos para llegar a acuerdos voluntarios con los propietarios afectados, la promoción de estos acuerdos y, en caso de desacuerdo, la posibilidad de expropiación de derechos. La reciente sentencia subraya que la prohibición de la caza, en vigor desde diciembre de 2020, no tiene un soporte legal adecuado, dado que no se han cumplido los requisitos exigidos por la ley.
El fallo judicial también aclara que cualquier restricción sobre usos y aprovechamientos no se puede aplicar si la Administración no ha realizado las acciones necesarias para adaptar el Parque Nacional a la normativa vigente. Aunque la sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, supone un nuevo revés para el Gobierno regional y resalta la urgencia de una gestión apropiada del Parque Nacional de Cabañeros.
Este golpe judicial también pone de manifiesto las críticas hacia el creciente deterioro del parque, un ecosistema de gran valor ecológico. La preocupación por esta situación ha llegado hasta Bruselas; en noviembre, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitó investigar posibles incumplimientos de las Directivas de Hábitats y Aves en esta área protegida.
Desde la AAPNC se advierte que la inacción de la Administración está afectando negativamente a los ecosistemas de Cabañeros, evidenciado por el aumento descontrolado de ungulados, que ha crecido un 250% en los últimos tres años. Esta proliferación está causando serios daños a la flora y fauna del parque, intensificando problemas de erosión y disminuyendo la cobertura vegetal en hábitats de alta valía.
La AAPNC ha reafirmado su compromiso de continuar defendiendo los derechos de sus miembros, manifestando su intención de trabajar hacia una gestión sostenible y justa del Parque Nacional de Cabañeros, que contemple tanto la conservación del entorno natural como los derechos de las personas afectadas.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
