Este viernes, en el Seminario Conciliar de Toledo, María García y Ana Blanco, presidenta y vicepresidenta del Observatorio para la Libertad Religiosa (OLRC), presentaron el Informe de Ataques a la Libertad Religiosa en España 2023. En el evento, también estuvo presente Monseñor César García Magán, obispo auxiliar de Toledo y secretario de la Conferencia Episcopal Española.
Durante la presentación, el Observatorio resaltó un alarmante incremento en los ataques a lugares de culto y símbolos religiosos en el país. Entre los incidentes más destacables, se mencionó el vandalismo ocurrido en marzo cuando se pintaron esvásticas en la puerta de una mezquita en Esquivias, Toledo.
María García enfatizó que en febrero, el grupo terrorista Daesh lanzó amenazas contra catedrales españolas, lo que motivó al OLRC a solicitar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se implemente una mayor protección para los templos religiosos, especialmente ante la inminencia de la Semana Santa.
García y Blanco hicieron un firme llamado a los partidos políticos y legisladores para que establezcan medidas que aseguren la protección de los símbolos religiosos. En el contexto actual, muchas comunidades religiosas han tenido que recurrir a la instalación de cámaras de seguridad o la contratación de seguridad privada debido al aumento de estos ataques.
Asimismo, pidieron conservar la basílica del Valle de los Caídos como un lugar de culto y abogar por la libertad religiosa de la comunidad benedictina que reside en el sitio. Entre las peticiones del OLRC se encuentra el respeto al derecho de las personas a rezar en cualquier lugar, incluso frente a centros que realizan abortos, y la necesidad de mantener en el Código Penal el delito de ofensa a los sentimientos religiosos para prevenir la intolerancia y el odio hacia creyentes de diversas confesiones.
El Observatorio también insta a garantizar el cumplimiento de los tratados firmados por el Estado español con distintas confesiones religiosas, en particular en lo que respecta a la libertad de los padres para educar a sus hijos de acuerdo con sus convicciones.
Finalmente, desde el OLRC se hizo un llamado a combatir la promoción del odio antirreligioso y del laicismo beligerante por parte de instituciones públicas y órganos de representación ciudadana, afirmando que «las personas creyentes no son ciudadanos de segunda».
vía: Diario de Castilla-La Mancha
