Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de una controversia fiscal tras haber reconocido haber cometido fraude al declarar gastos inexistentes en su empresa, Maxwell Cremona SL, por un total de 1,7 millones de euros. Este engaño tenía como objetivo reducir su Impuesto de Sociedades, y a pesar de sus intentos por regularizar su situación a través de una declaración complementaria en 2022, se vio impedido por la advertencia de su asesora fiscal, quien le informó que la Agencia Tributaria ya estaba investigando su caso.
El abogado de González Amador afirma que su cliente no comprendía la gravedad de lo que estaba ocurriendo, argumentando que el fraude se debió a un «error de contabilización». A pesar de esto, el empresario ha tomado la decisión de asumir su responsabilidad, buscando un acuerdo con la Fiscalía para reducir su condena a ocho meses de prisión, lo que le permitiría eludir una pena de cárcel.
Sin embargo, el intento de regularización fue infructuoso, ya que las pesquisas de Hacienda sobre sus declaraciones se iniciaron en mayo de 2022. González Amador había presentado facturas falsas correspondientes a los años 2019 y 2020 por montos de 620.000 y 922.585 euros, respectivamente, en un esfuerzo por evadir impuestos. En un intento por corregir sus errores, pagó a Hacienda 629.408 euros en julio de 2023, aunque el Ministerio Público consideró que esta suma era insuficiente para remediar la situación.
El empresario ofreció una multa de 500.000 euros como parte de un posible acuerdo para resolver el caso, pero tanto Hacienda como la Fiscalía creen que su comportamiento no fue accidental, y que actuó de manera consciente al presentar las declaraciones fraudulentas. Este razonamiento ha llevado a que se presenten cargos en su contra.
La investigación, que comenzó hace más de un año, ha dejado al descubierto dos delitos fiscales cometidos por González Amador al intentar disminuir su Impuesto de Sociedades utilizando gastos ficticios. A pesar de sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo, se enfrenta a una pena mínima de dos años de prisión por fraude fiscal. Si no logra reducir esta condena, existe el riesgo real de que ingrese en prisión, a pesar de sus intentos por solucionar la situación antes del juicio.
La defensa del empresario sostiene que sus acciones no fueron intencionadas y que sus esfuerzos para regularizar su situación fiscal fueron genuinos, aunque tardíos. Sin embargo, la Agencia Tributaria mantiene que las acciones de González Amador fueron deliberadas, lo que fortalece la posición de la Fiscalía en su búsqueda de una condena ejemplar.
