El Partido Popular ha decidido aplazar la discusión sobre una ley que permitiría la convalidación de penas para presos condenados en otros países, incluyendo aquellos pertenecientes a ETA. Esta legislación, que había recibido luz verde por unanimidad en el Congreso, ha sido suspendida en el Senado, donde el PP posee mayoría absoluta. No obstante, este aplazamiento no significa el fin del proyecto; la normativa podría seguir su curso si no se lleva a votación en un plazo de tres meses.
La medida tiene implicaciones significativas para los presos etarras que actualmente cumplen condena en Francia. La convalidación de penas les permitiría continuar su condena en España sin tener que reiniciar el cumplimiento total de sus sentencias. Este hecho ha suscitado un intenso debate, especialmente considerando que el Partido Popular no había manifestado oposición durante el proceso legislativo inicial.
En este contexto, la ley en cuestión no está dirigida exclusivamente a los presos etarras, sino que busca cumplir con un marco legal europeo que promueve la armonización del cumplimiento de penas en toda la Unión Europea. Según la normativa, al trasladarse a España, los reclusos solo tendrían que cumplir el tiempo restante de su condena, en lugar de reiniciarla por completo. Esta medida se aplica a cualquier preso que cumpla condena en un país de la UE, y su implementación es un requisito que cada nación debe adaptar a su legislación interna.
El aplazamiento por parte del PP responde a presiones internas, aunque la ley sigue vigente en el proceso legislativo. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, ha defendido el enfoque europeo de esta normativa, señalando que España simplemente está transponiendo una legislación común de la UE.
El debate en torno a esta ley ha situado al Partido Popular en una posición polémica, dado que durante las distintas etapas de su tramitación no opuso resistencia. Esta contradicción ha generado críticas desde diversos sectores que ahora cuestionan la postura del partido al frenar la aprobación en el Senado. Medios de comunicación han comenzado a desglosar el contenido de la ley para aclarar las confusiones que han surgido en la opinión pública, destacando que el objetivo de la normativa es mucho más amplio y va más allá de los casos específicos de los presos etarras.
