La vicesecretaria de Organización del Partido Popular, Carmen Fúnez, ha arremetido con vehemencia contra el Gobierno y el PSOE, acusándolos de exhibir una «incapacidad ética» al tener paralizadas 17 proposiciones de ley presentadas por su partido en el Congreso de los Diputados. Según Fúnez, estas iniciativas están dirigidas a mejorar el bienestar de los ciudadanos en aspectos fundamentales como la seguridad, la reducción de impuestos y el acceso a la dependencia.
Durante su intervención en la clausura de la Interparlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, celebrada en Ciudad Real, Fúnez enfatizó que el bloqueo de estas leyes es un reflejo de una estrategia del PSOE y de Pedro Sánchez para «gobernar de espaldas al parlamento y a la democracia», y que lo hacen guiados por intereses puramente partidistas.
La dirigente popular destacó que las proposiciones en cuestión abordan temas cruciales, como la lucha contra la ocupación ilegal, la mejora de las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad, y el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como autoridades. Fúnez subrayó que esta situación resulta «antidemocrática, partidista y sectaria», y señaló que algunas de estas proposiciones han recibido hasta 39 ampliaciones de plazo para la presentación de enmiendas.
Además, Fúnez denunció que el presidente Sánchez evade rendir cuentas en el Senado, pone en tela de juicio la independencia del poder judicial y cuestiona la labor de los medios de comunicación. Según sus palabras, el actual gobierno ha hecho del nepotismo su «característica más importante», y enfrenta tanto un problema de corrupción como una confusión sobre los límites del poder. La vicesecretaria del PP argumentó que el modelo de gobernanza de Sánchez no es una ideología política, sino un sistema personalista en el que confunde el Estado, su gobierno y su partido con su propia persona.
En relación a la influencia del Gobierno en el ámbito empresarial, Fúnez se refirió al reciente nombramiento de Marc Murtra como presidente de Telefónica, calificándolo como una maniobra que demuestra la intención de Pedro Sánchez de controlar las decisiones de empresas privadas para beneficiarse políticamente. Según ella, este nombramiento representa una «invasión» que pone en peligro la independencia empresarial y favorece los intereses del presidente, reiterando que es un claro ejemplo de cómo Sánchez está dispuesto a usar su poder para intervenir en el sector privado.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
