El Gobierno enfrenta un momento crítico mientras el Partido Popular (PP) intensifica sus críticas al PSOE, acusándolo de presuntas irregularidades y de "obstrucción a la Justicia". Segundos fuentes del PP, el Ejecutivo parece haber agotado sus opciones para alejarse de las crecientes sospechas de corrupción que se ciernen sobre él. Desde Génova, las acusaciones no sólo apuntan al número tres del PSOE, Santos Cerdán, involucrado en adjudicaciones públicas controvertidas, sino también a un escándalo en Extremadura relacionado con el hermano de Pedro Sánchez y recientemente divulgados audios que evidencian una supuesta operación para desacreditar a la Guardia Civil.
Uno de los aspectos que el PP considera más grave es la revelación de una estrategia, según el Diario de Actualidad, para neutralizar las investigaciones judiciales que afectan al entorno del presidente. En el epicentro de esta controversia se encuentra Leire Díez Castro, conocida como la “fontanera” de Moncloa, quien presuntamente buscó información comprometida sobre el teniente coronel Antonio Balas, jefe de la Delincuencia Económica de la UCO. Los populares planean citarla en el Senado y no descartan emprender acciones legales, afirmando: "Esto va mucho más allá de Ábalos".
El tono en las filas conservadoras ha subido considerablemente, con el PSOE siendo calificado de “organización criminal” y “mafiosa” por los supuestos intentos de obstruir las investigaciones en torno al hermano de Sánchez, el fiscal general del Estado y el exministro de Transportes. Un comentario particularmente alarmante, extraído de los audios filtrados, sostiene, “Si Balas está muerto, mejor”, lo que el PP busca llevar ante los tribunales.
Como parte de su estrategia, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, reactivará su maquinaria parlamentaria y judicial para "amplificar el daño" político. Además de la comparecencia de Díez Castro, consideran volver a llamar al Senado a Cerdán para esclarecer su supuesta vinculación con contratos de Acciona. La declaración de la ex presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, está también programada para este jueves.
La pregunta "¿Quién autorizó esta cacería?" resuena en Génova, insinuando la posible implicación del presidente. Las respuestas, dicen, parecen evidentes y apuntan a una supuesta “cloaca política financiada con dinero público”.
Mientras tanto, en el PSOE, se observa una división notable, con Ferraz intentando desmarcarse de Díez, afirmando que esta no actuó en nombre del partido. El PP, por su parte, confía en que este escándalo “no caerá en saco roto” y es probable que genere tensiones internas. Borja Sémper, portavoz nacional del PP, ha exigido una "rebelión" en las filas socialistas, instando a sus dirigentes a manifestar su indignación.
Las sombras que rodean al Gobierno se alargan, y el PP promete no soltar el hilo desde el Senado y los juzgados. La batalla política y judicial, en consecuencia, apenas comienza.
