La Mesa de la comisión de investigación sobre las inundaciones del 29 de octubre se reunirá este lunes para definir cómo incorporar a nuevos comparecientes sin necesidad de modificar el plan de trabajo, redactado con un enfoque abierto. Sin embargo, varias asociaciones de víctimas denuncian haber sido vetadas para participar, pese al compromiso del PP de garantizar su presencia.
Fuentes populares han asegurado que solicitarán al Ministerio de Justicia un listado de asociaciones de afectados por la dana para evitar discriminaciones y huir de criterios «cerrados y excluyentes». «Tenemos claro que todas las víctimas que quieran comparecer podrán hacerlo, respetando su voluntad y forma de participación», afirmaron.
La Mesa también evaluará qué documentación ya ha sido recibida y la derivará a los cuatro grupos parlamentarios, en el marco de una investigación que lleva seis meses en marcha. Aprobado el 5 de mayo con los votos del PP y Vox —y el rechazo del PSPV y Compromís, que lo tildaron de «burla» para blindar al president Carlos Mazón—, el plan inicial incluía 85 convocados, incluyendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al propio Mazón.
La lista abarca desde ministros como Grande-Marlaska, Robles o Albares, hasta la exvicepresidenta Teresa Ribera y la exconsellera valenciana Salomé Pradas, que está imputada en la causa judicial por la gestión de la catástrofe. También están citados 17 alcaldes, como la regidora de València, María José Catalá, y actores clave como el jefe de Climatología de la Aemet, José Ángel Núñez, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
El descontento de las asociaciones se agudizó cuando, tras meses de silencio, Mazón las convocó a una reunión el viernes. Representantes de la Associació Víctimes DANA 29-O y otras entidades exigieron ser incluidas en la comisión: «No tiene sentido que quiera hablar con nosotras y luego no nos dejen comparecer ante Les Corts, el máximo órgano del pueblo valenciano», denunciaron.
La dana del 29 de octubre dejó 228 muertos y miles de damnificados, con daños aún sin reparar. Las asociaciones aguardan a que la Mesa aclare si serán escuchadas, mientras la Generalitat insiste en su voluntad de diálogo. La comisión, por ahora, mantiene un plazo de 20 días hábiles para recabar documentos, aunque no descarta ajustar su calendario según avancen las pesquisas.
La tensión política y social permanece latente, con las víctimas reclamando no quedar al margen de unas investigaciones que, aseguran, deben esclarecer responsabilidades sin exclusiones.
