El presidente de la Diputación Provincial de Albacete, Santi Cabañero, ha sido absuelto de las acusaciones de prevaricación administrativa en el caso del nombramiento de José Israel Ferrer como nuevo jefe del Servicio Provincial de Bomberos (SEPEI) en 2015. La decisión se ha hecho pública este viernes, poniendo fin a un procedimiento judicial que se inició hace una década, cuando la Fiscalía argumentó que Cabañero, tras asumir su cargo, había hecho caso omiso de normativas y recomendaciones en el proceso de nombramiento.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, no se ha logrado demostrar que un documento que pudiera advertir sobre la posible ilicitud del nombramiento hubiera sido recibido por el área de Recursos Humanos de la Diputación antes de la redacción del decreto. La Audiencia Provincial también ha indicado que no hay evidencias de que Cabañero conociera o sospechara sobre la ilegalidad del acto administrativo que firmó ni de que existieran motivos personales detrás de su decisión.
A lo largo del proceso, Cabañero ha mantenido su inocencia y en el juicio afirmó haber actuado de buena fe, confiando en la legalidad del decreto al contar con el respaldo de funcionarios técnicos competentes. El Ministerio Fiscal había solicitado una pena de 11 años de inhabilitación para el presidente, pero esta solicitud no ha sido acogida por el tribunal en su fallo.
La acusación se fundamentaba principalmente en un informe de advertencia emitido por el sindicato CSI-CSIF, que fue presentado el mismo día en que Cabañero firmó la propuesta de decreto. Sin embargo, la Audiencia consideró que el corto lapso de tiempo entre la presentación del escrito y la firma del decreto no justifica que no hubiera llegado a la funcionaria responsable del asunto.
Ahora, tras ser absuelto de todas las acusaciones, Cabañero y su equipo legal celebran la decisión del tribunal. No obstante, existe la posibilidad de que la Fiscalía interponga un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, un derecho que podría ejercerse en un plazo de diez días.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
