En la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso de relieve la situación de las víctimas de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ocurrida el 29 de octubre, cuyo saldo trágico alcanzó las 237 vidas en varias regiones, incluyendo la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía.
Sánchez subrayó la importancia de recordar a las víctimas, afirmando que «hoy no es el día para otras cuestiones», enfatizando el dolor de los familiares y la pérdida de tantas vidas. Agradeció, además, la solidaridad y el trabajo de los empleados públicos que respondieron a la emergencia, señalando que su esfuerzo fue fundamental para proteger a la ciudadanía.
El presidente también mencionó las medidas adoptadas para la reconstrucción de las áreas afectadas y el apoyo a las víctimas, en respuesta a la diputada Ione Belarra. En este sentido, destacó la ejecución de ayudas que ascienden a entre 7.000 y 8.000 millones de euros, lo que representa alrededor del 10% del Producto Interior Bruto de la provincia de Valencia. Esta cantidad ha permitido indemnizar a más de 200.000 hogares y empresas y proporcionar ERTE a 34.000 trabajadores, así como apoyar a 78 municipios con 1.800 millones destinados a la reconstrucción de infraestructuras.
Pedro Sánchez también se refirió a un nuevo paquete de ayudas aprobado en el último Consejo de Ministros, que busca no solo reactivar la economía de estos municipios, sino también reforzar la preparación ante futuras catástrofes climáticas, alineándose con el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática propuesto tras los incendios del verano pasado.
En el contexto de la seguridad ciudadana, el presidente abordó la cuestión de la multirreincidencia, en respuesta a la diputada Maribel Vaquero. Destacó un aumento del 30% en la inversión en seguridad desde 2018, además del incremento histórico en el número de efectivos policiales y judiciales para abordar este fenómeno delictivo. Sánchez también informó sobre modificaciones en el Código Penal para endurecer las penas en casos de multirreincidencia y la reciente reforma del sistema de registro, la cual mejora el acceso a información sobre delitos, facilitando así el trabajo de las autoridades.
Finalmente, el presidente reafirmó la disposición del Gobierno para tramitar una nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal, que busca modernizar el sistema y afrontar de manera eficaz uno de los problemas de seguridad más relevantes en el país.
