La situación legal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se complica gravemente con el desarrollo de nuevas investigaciones sobre un presunto caso de corrupción relacionado con la compra-venta de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía acusa a González Amador de haber defraudado más de 350,000 euros entre 2020 y 2021, utilizando facturas falsas para disminuir el pago del Impuesto de Sociedades de su empresa, Maxwell Cremona.
Recentes informaciones han dado a conocer la apertura de una nueva pieza separada de investigación que se enfoca en supuestos delitos de corrupción vinculados a las operaciones de compraventa de mascarillas. Este nuevo enfoque de la justicia sobre el caso amenaza con desmoronar el pacto que González Amador había estado negociando para evitar la cárcel, ya que las nuevas acusaciones sobre corrupción se suman a los cargos de fraude fiscal.
En este contexto, partidos políticos como el PSOE y Más Madrid han intensificado la presión para que se examine más a fondo las actividades de González Amador en relación a la compraventa de mascarillas. Argumentan que estas transacciones podrían haber servido como una estrategia para obtener comisiones superiores a los dos millones de euros. Aunque la jueza inicialmente se mostró reacia, finalmente accedió a ampliar la causa, abriendo así la nueva línea de investigación.
A pesar de que esta nueva causa no anula la posibilidad del acuerdo fiscal con la Fiscalía, su existencia podría complicar gravemente la situación legal de González Amador. De confirmarse las sospechas de corrupción, las implicaciones legales se volverían mucho más serias, poniendo en peligro su intento de evitar la prisión.
A medida que se desarrolla este caso, el futuro de González Amador se torna incierto. Aunque carece de antecedentes penales y ha manifestado su disposición a aceptar una posible condena, el riesgo de una sentencia por corrupción podría traducirse en una pena significativa. Así, la combinación de los problemas fiscales iniciales y la reciente creación de una pieza judicial por corrupción plantea un escenario inquietante, donde el empresario enfrenta un elevado riesgo de prisión en los meses venideros.