La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por la Junta de Andalucía en relación al Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que aprobaba la revisión de los planes hidrológicos en diversas demarcaciones hidrográficas, incluyendo las del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar. La decisión del tribunal fue anunciada el 20 de enero de 2025.
El recurso, que contaba con el respaldo del Consejo de Gobierno andaluz desde el 21 de marzo de 2023, tenía como objetivo revertir el aumento del caudal ecológico del río Tajo hasta alcanzar los 8,6 metros cúbicos por segundo. La Junta de Andalucía sostenía que esta medida suponía un «recorte» en el trasvase Tajo-Segura, lo que generó un intenso debate y críticas dentro del gobierno regional.
En su sentencia, el Tribunal Supremo desestimó todos los argumentos presentados por la Junta de Andalucía, enfatizando que el informe del Consejo Nacional del Agua, aunque era preceptivo, no tenía carácter vinculante y fue emitido de manera válida, cumpliendo las funciones de participación necesarias para la elaboración del Real Decreto. Asimismo, el tribunal afirmó que no se había producido ninguna omisión en el proceso de concertación de los caudales ecológicos, tal como había alegado la parte recurrente.
Respecto a la presunta vulneración del principio de jerarquía normativa, el Tribunal determinó que el régimen de los caudales ecológicos es vinculante para otros usos de recursos hídricos, conforme a la normativa vigente. También consideró que el argumento sobre la falta de motivación técnica en la fijación de dichos caudales era insuficiente, ya que la Junta no logró refutar la metodología utilizada en el proceso de planificación hidrológica.
La Junta de Andalucía había fundamentado su recurso en que el decreto fue modificado de manera unilateral por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y sin el respaldo de informes técnicos o jurídicos. Este recurso se suma a otras acciones judiciales similares interpuestas por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, quienes también criticaron lo que consideraron una decisión injustificada del Estado, advirtiendo de que esto podría perjudicar gravemente a la región del Levante español, especialmente a la provincia de Almería.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
