El Tribunal de Cuentas ha llevado a cabo un exhaustivo análisis sobre la gestión de las subvenciones sociales otorgadas por varios ayuntamientos de grandes ciudades en España. En su informe, el organismo destaca la necesidad de priorizar la concurrencia competitiva en la asignación de estas ayudas, una medida que responde a la identificación de irregularidades en la concesión directa de subvenciones, método que debería emplearse únicamente en circunstancias debidamente justificadas.
La fiscalización se centró en las ayudas sociales proporcionadas por los consistorios de Albacete, Badajoz, Cartagena, Logroño, Murcia y Santander durante el año 2021, un periodo marcado por un notable aumento en la demanda de estas ayudas debido a la crisis económica derivada de la pandemia. En este sentido, el Tribunal subraya la importancia de una adecuada presupuestación y gestión de los fondos destinados a la acción social, especialmente frente a la creciente vulnerabilidad de la población.
A lo largo de 2021, estas seis ciudades destinaron un total de 20,4 millones de euros en ayudas, beneficiando a más de 13.000 personas en situaciones críticas y a 626 organizaciones sin ánimo de lucro. La distribución de estas ayudas fue la siguiente: 9 millones de euros para el municipio de Murcia; 3,4 millones para Logroño; 2,5 millones tanto para Cartagena como para Santander; y 1,4 millones para Albacete y Badajoz.
El informe del Tribunal de Cuentas pone de relieve que, a excepción de Albacete, la mayoría de los ayuntamientos eligieron la concesión directa de estas ayudas, en lugar de seguir el procedimiento de concurrencia competitiva, el cual garantiza principios fundamentales como la publicidad y la transparencia. Esta elección ha generado irregularidades en la valoración y evaluación de las solicitudes, evidenciando una insuficiente definición de los criterios y una escasa justificación en las puntuaciones otorgadas.
Para mejorar estos procedimientos, el informe sugiere una definición más precisa de los requisitos para los solicitantes y la elaboración de criterios de evaluación claros. También se hace hincapié en la necesidad de documentar adecuadamente las valoraciones realizadas por las comisiones encargadas de este proceso. Además, aunque la mayoría de los ayuntamientos contaron con un plan estratégico de subvenciones en 2021, se identificó la falta de manuales internos que regularan la gestión de estas ayudas, lo cual refuerza la necesidad de establecer procedimientos documentados de verificación.
Finalmente, el Tribunal de Cuentas hace un llamado a la responsabilidad de los consistorios para asegurar una gestión adecuada y transparente de las ayudas sociales, especialmente en tiempos en los que la necesidad social es cada vez más apremiante.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
