El Tribunal Supremo ha tomado la decisión unánime de abrir una causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, bajo la sospecha de un presunto delito de revelación de secretos. Esta acción judicial surge a raíz de la difusión de información confidencial relacionada con una investigación tributaria y falsedad documental que involucra a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Además del fiscal general, el tribunal también investigará a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien, según se alega, habría sido la responsable de enviar la información al fiscal general. A pesar de que Rodríguez no es aforada, el Tribunal Supremo ha determinado que ambos casos están vinculados, lo que imposibilita llevar a cabo indagaciones por separado.
El proceso judicial se inició tras la difusión, el 14 de marzo de 2024, de una nota informativa con membrete de la Fiscalía provincial de Madrid, la cual revelaba detalles clave sobre las diligencias penales relacionadas con la investigación de González Amador. El tribunal considera que la conducta de los fiscales podría encajar en el delito de revelación de secretos, tal y como establece el artículo 417 del Código Penal.
La investigación se centra en la divulgación de información confidencial a la que los fiscales tuvieron acceso en el desempeño de sus funciones, información que, según la normativa, no debería haberse compartido públicamente. La Sala también ha señalado que el fiscal del caso reveló correos electrónicos intercambiados con el abogado del investigado poco antes de la emisión de la nota de prensa, lo que añade peso a las sospechas de filtraciones indebidas.
Aunque varios medios de comunicación habían hecho eco de la información de la nota informativa días antes, el tribunal desea esclarecer cómo dichos medios obtuvieron los correos confidenciales entre el fiscal y el abogado del investigado. Aunque aún no está claro el impacto de estas revelaciones en el derecho de defensa del investigado, el tribunal ha manifestado que estas pueden haber comprometido su derecho a la presunción de inocencia. Por lo tanto, se han decidido abrir diligencias de investigación con el fin de confirmar o descartar la implicación de los fiscales en esta polémica.
