7 octubre, 2025
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El Tribunal Supremo niega la amnistía para los delitos de malversación en el Procés

El Tribunal Supremo ha confirmado la decisión de no aplicar la amnistía a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, rechazando así los recursos interpuestos por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y otros procesados. Esta resolución se centra en el delito de malversación cometido por los mencionados líderes del procés, quienes quedan excluidos de los beneficios de la ley de amnistía por haberse beneficiado personalmente de los fondos públicos malversados.

La Sala que emitió el auto, compuesta por los magistrados Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer, argumentó que la decisión se fundamenta en que la modalidad de malversación en la que incurrieron tenía un propósito de enriquecimiento personal. La magistrada Ana Ferrer, sin embargo, emitió un voto particular discrepante, mostrando su desacuerdo con el fallo mayoritario.

En su dictamen, el tribunal subrayó que la interpretación de la ley debe basarse en el texto escrito y no en un mandato verbal de la clase política hacia los jueces. Rechazaron la idea de que la ley de amnistía convierta a la Sala en un mero “vehículo formal” para decisiones automáticas, resaltando la necesidad de un análisis detallado y razonado. Además, recordaron que el legislador dejó explícitamente fuera de la amnistía los delitos de malversación que persiguieran un enriquecimiento personal, alineándose con las directrices de la Comisión de Venecia.

El Tribunal también expuso que los consejeros de la comunidad autónoma contrataron la impresión de materiales y la estancia de observadores internacionales con fines políticos ilícitos, actuando fuera de sus competencias y sin un respaldo presupuestario. Al asumir el costo de estos gastos con fondos públicos, la carga financiera que debieron enfrentar se transfirió a la comunidad autónoma, lo que contribuyó al aumento de su patrimonio personal. El tribunal concluyó que esta acción implica un enriquecimiento, ya que al eliminar una obligación financiera, los funcionarios incrementaron su activo personal.

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