El Tribunal Supremo de España ha introducido un cambio significativo en la normativa laboral con una reciente sentencia dictada el 18 de noviembre. A partir de ahora, se establece la obligatoriedad de un trámite de audiencia previa antes de proceder con un despido disciplinario, lo que marcará un antes y un después en las relaciones laborales en el país. Esta sentencia obliga a las empresas a ofrecer a los empleados la oportunidad de defenderse antes de que se finalice su contrato de trabajo por motivos disciplinarios.
La fundamentación de esta decisión reside en el artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por España en 1986. Este artículo establece el derecho de los trabajadores a ser escuchados, asegurando la protección de sus derechos y previniendo decisiones arbitrarias por parte de los empleadores. Hasta la fecha, las empresas podían proceder con despidos disciplinarios sin necesidad de una audiencia previa, exceptuando ciertos casos especiales como los que involucran a representantes legales de los trabajadores o aquellos estipulados en convenios colectivos.
El Tribunal Supremo argumenta que la omisión de este trámite vulnera derechos fundamentales relacionados con la dignidad y protección del trabajador. En su sentencia, el Tribunal recalca que el derecho a una defensa previa debe establecerse como un principio general, aunque reconoce que puede haber excepciones al mismo, las cuales aún no han sido claramente especificadas en el fallo.
Carles Valoira, de la firma Valoira Abogados, aclara que esta nueva interpretación no tendrá efectos retroactivos, lo que significa que los despidos ejecutados antes de la sentencia no se verán afectados por esta nueva exigencia. Sin embargo, cualquier despido disciplinario llevado a cabo sin la correspondiente audiencia previa será considerado automáticamente improcedente. Esto obligará a las empresas a revisar y ajustar sus protocolos para cumplir con la nueva normativa.
La implementación de esta fase de audiencia previa tiene como objetivo asegurar el derecho de defensa del trabajador y minimizar las posibilidades de litigios por despidos improcedentes. Desde Valoira Abogados se enfatiza la importancia de contar con un asesoramiento laboral actualizado para adaptarse adecuadamente a estos nuevos requerimientos legales, asegurando así que los procedimientos disciplinarios sean apropiados y legítimos.
