La bahía de Portmán, ubicada en La Unión, Murcia, se ha convertido en un símbolo de decepción ambiental y política tras 35 años de promesas incumplidas. Este paraje, que en algún momento fue un paisaje idílico en la costa murciana, alberga cerca de 60 millones de toneladas de residuos mineros, un legado de vertidos que se extendieron desde 1957 hasta 1990. Este evento se considera una de las mayores catástrofes ecológicas en el Mediterráneo, y a pesar de las décadas que han transcurrido, la solución prometida sigue sin materializarse.
Recientemente, la Comisión de Seguimiento del proyecto de regeneración se reunió con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, lo que generó brevemente la esperanza de cambios significativos. Sin embargo, el anuncio oficial de sellar los residuos en lugar de retirarlos, catalogados como «imposibles de trasladar», fue interpretado por los residentes como una profunda decepción. María José, una vecina de la zona, lamenta que «era el momento para que todo se resolviese», y muchos han calificado esta decisión como «la sentencia de muerte de la bahía».
El Gobierno justifica su postura argumentando que el plan de sellado tiene un presupuesto estimado de al menos 50 millones de euros y que las obras se licitarán antes de 2026. Según Morán, esta opción ofrece «más garantías ambientales y de seguridad». Sin embargo, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata, ha expresado que se trata del «peor día de la historia reciente de Portmán», advirtiendo que esta decisión hipotecará el futuro del municipio.
Los vecinos, organizados en la Liga de Portmán, creen firmemente que hay tecnologías disponibles para extraer los residuos sin poner en riesgo la seguridad. Afirman que el sellado «mata cualquier opción turística» en la zona, condenando a la bahía a un futuro sombrío. María José, en representación de sus vecinos, recalca que Portmán tiene un potencial turístico que se está destruyendo.
El historial de promesas incumplidas es vasto y doloroso. En 2007, el Ministerio de Medio Ambiente prometió 119 millones de euros para un proyecto que nunca se llevó a cabo. En 2015, se licitó un plan por 32,5 millones que fue paralizado en 2019. En 2021, hubo otro intento que terminó en demandas, y en 2023, las alternativas presentadas ignoraban un acuerdo alcanzado en 2006, lo que generó un rechazo unánime por parte de los afectados.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de La Unión planea elevar su protesta al Parlamento Europeo. Mientras tanto, los vecinos, atrapados entre la resignación y la rabia, se comprometen a seguir luchando por su causa. María José concluye con una frase que resuena entre sus compañeros: «Ningún gobierno cumple aquí». Bajo las aguas de la bahía, 60 millones de toneladas de un pasado fracasado aguardan ser cubiertas por lo que muchos consideran el último epitafio a un ecosistema deteriorado.
