En una nueva vuelta de tuerca al caso que sacude los cimientos de Moncloa, se ha confirmado que Cristina Álvarez, la asesora implicada en la gestión de negocios privados de Begoña Gómez, comparecerá ante el juez Juan Carlos Peinado como imputada por corrupción y tráfico de influencias este miércoles. La situación de Álvarez ha escalado tras su comparecencia inicial como testigo el pasado 20 de diciembre, lo que ahora pone en tela de juicio no solo su papel dentro de la administración pública, sino también sus interacciones con el ámbito privado de la esposa del presidente del Gobierno.
El tribunal también convocará al exvicesecretario de Presidencia, quien recomendó a Álvarez para su cargo, así como a importantes figuras de la Universidad Complutense y a representantes de gigantes tecnológicos como Google, Indra y Telefónica. A diferencia de Álvarez, estos últimos asistirán en calidad de testigos, obligados legalmente a ofrecer declaraciones veraces sobre los hechos investigados.
El foco de la investigación se sitúa en hechos que datan de julio de 2018, cuando Álvarez fue nombrada directora de programas en Presidencia del Gobierno. Desde ese momento, desempeñó efectivamente el rol de secretaria personal de Gómez, facilitando el patrocinio de empresas para un programa de máster en la Complutense. A pesar de los intentos de Presidencia por justificar sus tareas como propias del ámbito de la confianza, las acusaciones populares cuestionan esta defensa, especialmente en lo que respecta a los favores realizados en beneficio de Gómez.
La investigación se ha ampliado para incluir a altos cargos de Telefónica, Indra y Google, quienes supuestamente proporcionaron servicios y software de forma gratuita para proyectos liderados por Gómez. Este hecho intensifica las dudas sobre el posible uso de influencias políticas para beneficios personales, destacando que Indra habría incurrido en un gasto superior a los 150.000 euros en el desarrollo de un software del cual ni Gómez, el máster ni la universidad se comprometieron a compensar monetariamente.
Las futuras declaraciones tienen la intención de aclarar el alcance de la influencia ejercida desde el Gobierno para beneficiar a Gómez, así como las circunstancias en las que las empresas acordaron participar en estos proyectos sin recibir compensaciones. Este caso no solo plantea serias interrogantes sobre la relación entre el poder político y la industria en España, sino también sobre la transparencia y la ética en las esferas más altas del Gobierno.
Con esta crucial jornada de declaraciones, tanto la opinión pública como las partes involucradas esperan revelaciones que podrían transformar el futuro político de los implicados, marcando un punto de inflexión en la gestión de los intereses privados y la influencia política en el país.
