En un giro reciente dentro del caso de agresión sexual que involucra al exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, y a la actriz Elisa Mouliaá, el político ha solicitado al juez encargado de la investigación reconsiderar la decisión de examinar y clonar el contenido de su teléfono móvil. Errejón, cofundador de Podemos, ha calificado esta medida como «desproporcionada, innecesaria e invasiva», argumentando que vulnera su derecho a la intimidad.
La solicitud para esta medida, aprobada por el juez Adolfo Carretero, surgió en respuesta a las peticiones de diligencias de las partes involucradas. La defensa de Errejón ha criticado especialmente esta decisión, puesto que la acusación popular, ejercida por la Asociación Defensa Integral Víctimas del Delito Especializada, había demandado tal acción. Eva Gimbernat, abogada de Errejón, ha presentado un recurso en el que sostiene que ni el juez ni la acusación justificaron adecuadamente la necesidad de clonar el teléfono.
Para aportar transparencia al caso, la defensa del político presentó un acta notarial que incluye los mensajes intercambiados entre él y Mouliaá a través de Instagram, además de admitir una conversación por Telegram, caracterizada por la autodestrucción de los mensajes. Este hecho pone en tela de juicio la necesidad de acceder al contenido íntegro del móvil de Errejón.
Otro aspecto controvertido del caso ha sido la participación de la acusación popular. La defensa ha señalado la falta de una página web oficial para esta asociación y ha cuestionado las motivaciones detrás de su intervención en el proceso. Gimbernat ha expresado preocupaciones sobre las verdaderas intenciones de la demanda que busca acceder al móvil del exdiputado, sugiriendo que podrían estar más orientadas a alimentar la publicidad mediática que a esclarecer los hechos.
La investigación se inició tras la denuncia de Mouliaá, quien relató haber vivido experiencias de tocamientos, besos no consentidos y comentarios sexuales por parte de Errejón en varias ocasiones durante una noche en 2021. Este caso ha suscitado polémicas declaraciones y filtraciones a los medios, lo que pone en duda si algunas de las acciones legales buscan realmente el esclarecimiento de los hechos o si son impulsadas por el afán de aprovecharse mediáticamente del proceso.
