Las personas con un grado de discapacidad del 33% se encuentran actualmente excluidas de la jubilación anticipada, como establece la normativa vigente de la Seguridad Social. Esta restricción implica que solo aquellos con un grado de discapacidad igual o superior al 45% o 65% pueden beneficiarse de este derecho, dependiendo de la edad a la que deseen retirarse. Así, las personas que acrediten un 45% de discapacidad tienen la posibilidad de solicitar su jubilación anticipada a partir de los 56 años, mientras que quienes presentan un 65% pueden hacerlo desde los 52. Para acceder a este beneficio, es necesario también cumplir con ciertos requisitos de cotización y estar en alta laboral o en situación asimilada.
En 2023, se llevaron a cabo reformas significativas en la normativa para facilitar este acceso, destacando la reducción del tiempo mínimo de cotización tras el diagnóstico de discapacidad de 15 a 5 años. Asimismo, se aprobó la posibilidad de combinar varias patologías discapacitantes para alcanzar el umbral del 45%, lo que abre la puerta a más personas para acogerse a este tipo de jubilación.
Las patologías que permiten esta jubilación anticipada incluyen discapacidades intelectuales, parálisis cerebral, anomalías genéticas como el síndrome de Down, fibrosis quística, enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple y la ELA, así como trastornos del espectro autista y enfermedades mentales, como la esquizofrenia y el trastorno bipolar.
Pese a las mejoras introducidas, la implementación de estas reformas no está exenta de críticas. Organizaciones como CERMI han señalado que aún queda un largo camino por recorrer para garantizar un acceso equitativo a la jubilación anticipada para todas las personas con discapacidad. Se esperaba que la reforma impulsara el reconocimiento de nuevas enfermedades a través de una Orden Ministerial anual, pero muchos perviven en la lucha por una mayor justicia y equidad en este ámbito.
