La Comisión Europea ha presentado su iniciativa para fortalecer la independencia de la Unión Europea en la obtención de materias primas críticas. Esta estrategia se materializa a través de la Ley Europea de Materias Primas Críticas (CRMA), que tiene como objetivo fomentar la exploración y desarrollo de minas en los países miembros, incluido España. El enfoque no solo busca asegurar el suministro de recursos esenciales para la transición energética, sino también para sectores como el desarrollo digital y la industria de defensa y aeroespacial.
Entre los recursos prioritarios se encuentran el litio, cobalto, níquel y titanio, imprescindibles para la fabricación de baterías, paneles solares, semiconductores y componentes aeronáuticos. A pesar del respaldo institucional y financiero brindado por la UE a esta iniciativa, la aprobación de proyectos dependerá en última instancia de las comunidades autónomas, que son las responsables de las competencias en minería y medio ambiente en el país.
La CRMA también establece un marco temporal que busca acortar los tiempos de aprobación de nuevos proyectos mineros a un máximo de 27 meses, y a 15 meses para el reciclaje o procesamiento de materiales. Este enfoque contrasta con el actual proceso administrativo, que puede llegar a demorar hasta quince años, según expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Sin embargo, esta reducción de plazos presenta retos en la tramitación, ya que las autonomías tienen la facultad de bloquear iniciativas en sus territorios. Así, la habilidad para actuar con rapidez y eficacia será fundamental para determinar el éxito o fracaso de esta ambiciosa propuesta en España.
