La tarde del 28 de abril de 2025 se convirtió en un hito difícil de olvidar para España y Portugal, cuando un apagón masivo dejó a millones de personas sin suministro eléctrico, afectando gravemente a los servicios, transportes y la economía en general. La caída abrupta de la tensión eléctrica a mediodía y la posterior recuperación paulatina del sistema evidenciaron un fenómeno que, según técnicos y gestores, ha sido señalado en reiteradas ocasiones: la falla de una infraestructura crítica tiene repercusiones en toda la red interconectada que forma la base de la vida moderna.
Este incidente, objeto de análisis por parte de un comité específico del Gobierno, reveló la profunda dependencia de los países de una cadena de sistemas interrelacionados que incluyen electricidad, telecomunicaciones, transporte y agua. Asimismo, reabrió un debate crucial que a menudo queda en la sombra de las inauguraciones de nuevas infraestructuras: la importancia del mantenimiento sostenido, de la inversión preventiva y de la resiliencia de las estructuras ya existentes.
El informe oficial sobre el apagón del 28 de abril subraya que el colapso del sistema se materializó en cuestión de segundos, siendo la recuperación un proceso que se extendió hasta el día siguiente. Más allá de las fallas técnicas que provocaron el incidente, se puso de manifiesto la fragilidad del día a día digital; sin energía, la vida contemporánea pierde toda su coordinación.
La crisis energética también desnudó la vulnerabilidad de la red de internet. Datos de Cloudflare y otras monitorizaciones citadas por fuentes de comunicación revelaron caídas drásticas en el tráfico de internet durante el apagón, sirviendo como recordatorio de que la conectividad, tanto móvil como fija, no escapa a la debilidad que acarrea la falta de respaldo eléctrico.
El estado de las infraestructuras viarias no es menos preocupante. Un análisis de la Dirección General de Tráfico, fundamentado en datos de la Asociación Española de la Carretera, indica que más de la mitad de la red analizada se encuentra en un estado deficiente o muy deficiente. Este deterioro, que afecta a unos 54,000 kilómetros de carreteras, requeriría una inversión de aproximadamente 13,491 millones de euros para su reparación. La falta de mantenimiento preventivo no solo se convierte en un problema estético, sino que encarece el transporte de mercancías, incrementa el consumo de combustible y agrava el riesgo en puntos cruciales como drenajes y señalización.
El enfoque no debe limitarse a las carreteras. A pesar de que España cuenta con una de las redes de alta velocidad más amplias del mundo, se plantea la preocupación por el mantenimiento de la red convencional, vital para millones de usuarios en cercanías y media distancia. Las continuas incidencias, retrasos y problemas operativos han puesto el foco en la necesaria gestión y conservación de estas infraestructuras.
Los fenómenos climáticos extremos, como las DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), han evidenciado que el drenaje urbano y la modernización hidráulica son cuestiones de seguridad económica, así como ambiental. El consorcio de compensación de seguros ha reportado impactantes costes asociados a inundaciones, que afectan tanto a las administraciones como al sector productivo.
El panorama se complica aún más por los volátiles precios de materiales y energía, que hacen difíciles muchas licitaciones y empujan al mantenimiento a un segundo plano. Este tipo de obras suelen ser menos visibles para la ciudadanía, pero son esenciales para evitar que fallas menores se conviertan en emergencias.
La lección del apagón del 28 de abril es clara: las infraestructuras no suelen colapsar de un día para otro; se degradan con el tiempo. Cuando esto ocurre, la sociedad se da cuenta de la relevancia de elementos que rara vez están en el centro del debate público. Por ello, es crucial que el enfoque sobre el mantenimiento de infraestructuras cambie, centrándose en la planificación a largo plazo y en la inversión en actividades que, aunque no sean mediáticas, son fundamentales para la seguridad y la competitividad del país.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
