El acceso a la sanidad privada para los funcionarios españoles atraviesa un momento de incertidumbre. El gobierno de coalición PSOE-Sumar se encuentra en medio de un debate acerca del futuro de un sistema que ha permitido a los empleados públicos elegir entre la sanidad pública y privada durante décadas. Según datos recientes, un notable 80% de ellos prefiere la opción privada.
Históricamente, los funcionarios han tenido la facultad de optar por tratamientos médicos a través de aseguradoras privadas, una alternativa que ha facilitado acceso a servicios más rápidos para ellos y sus familiares. Sin embargo, la presión económica actual y los recientes cambios políticos podrían modificar esta situación.
Cada dos años, el gobierno lleva a cabo la renegociación de los contratos con las aseguradoras que ofrecen cobertura a los funcionarios que eligen la sanidad privada. En la actualidad, solo tres aseguradoras—Adeslas, Asisa y DKV—están disponibles, una cifra que ha disminuido con el tiempo, evidenciando el desinterés del sector por este modelo. Con el aumento de la inflación y el envejecimiento de la población asegurada, estas empresas han exigido un aumento en las primas de cobertura del 40% por cada funcionario, lo que elevaría el costo de 984 euros actuales a aproximadamente 1.370 euros. Sin embargo, el gobierno ha propuesto un incremento del 17%, situando la cifra en 1.115 euros. Este desacuerdo podría llevar a que las aseguradoras se retiren del concurso público para cubrir a los empleados, lo que implicaría que a partir del 1 de enero de 2025, los funcionarios perderían su acceso a la sanidad privada.
Una posible deserción en el concurso tendría implicaciones significativas para la sanidad pública, que se vería afectada por la incorporación de más de 2,1 millones de nuevos pacientes, entre funcionarios civiles, militares, cuerpos judiciales y sus familias. Esta situación podría sobrecargar un sistema de salud pública ya exigido, que enfrenta listas de espera en aumento y una infraestructura que lucha por satisfacer la demanda. Además, el coste por paciente en la sanidad pública es considerablemente mayor que en la privada, lo que podría obligar al Estado a destinar más recursos para ampliar la capacidad del sistema, un proceso que suele ser lento y complicado.
El debate sobre el acceso a la sanidad privada no es solo una cuestión económica, sino también ideológica. Desde Sumar se han formulado propuestas para desmantelar el sistema de mutualidades, que ha permitido a los funcionarios elegir. Para algunos, la preferencia de estos empleados por la sanidad privada es percibida como un reto ideológico para una administración que promueve lo público. Esto plantea un dilema sobre si se trata de una estrategia para recortar costes a corto plazo o si es un intento de aumentar el control estatal en el ámbito sanitario.
El enfoque del debate también se centra en los derechos de los funcionarios. Existe una opinión que critica que disfruten de privilegios que no están al alcance de la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, la eliminación de estos derechos podría llevarse a cabo de dos maneras: restringiendo el acceso a la sanidad privada o ampliando este derecho a toda la población. Una posible solución sería garantizar que todos los ciudadanos tengan la opción de elegir si desean que el Estado financie su atención médica en el sistema público o privado, lo que podría brindar mayor libertad y eficiencia al sistema.
En conclusión, el futuro del acceso a la sanidad privada para los funcionarios es incierto, y las decisiones del gobierno en los próximos meses no solo impactarán a millones de empleados públicos y sus familias, sino que también tendrán repercusiones en la ya complicada situación de la sanidad pública. La cuestión clave radica en si estos cambios son impulsados por razones económicas, ideológicas o una combinación de ambas, lo que indica que el debate está lejos de verse resuelto.
