El 62% de las empresas españolas ha registrado al menos una denuncia interna en los últimos doce meses, según un estudio realizado por EQS Group. Este incremento en las denuncias se debe a la aprobación de la Ley de Protección al Informante, conocida como Ley Whistleblowing. Dicha ley entró en vigor en febrero y obliga a las empresas con más de 50 empleados a disponer de un canal de denuncias para que los trabajadores puedan reportar infracciones de manera anónima y evitar represalias.
El estudio revela que la mitad de las denuncias se relacionaron con conflictos internos del personal, en los que el departamento de Recursos Humanos tuvo que intervenir. Además, el 15% de las denuncias estaban relacionadas con violaciones de las normas sociales y los derechos humanos, y el 13% se vinculaban con casos de corrupción.
A pesar de estos datos, el 21% de las empresas españolas encuestadas no cuenta con un canal de denuncias, lo cual es peor que la media europea donde solo el 15% carece de este mecanismo. No obstante, el 58% de las empresas encuestadas ha realizado cambios para adaptarse a la Ley de Protección al Informante.
La mayoría de las empresas (79%) que tienen un canal de denuncias lo ponen a disposición de proveedores, clientes, socios y accionistas, lo que promueve una mayor transparencia en sus relaciones. Asimismo, el 75% de las empresas ha implementado canales de denuncias desde hace más de un año, en preparación para la ley española que resulta de la Directiva de la Unión Europea de Protección de los Denunciantes.
En conclusión, el estudio demuestra una tendencia positiva hacia la adopción de canales de denuncias por parte de las empresas españolas, lo que indica un compromiso con la transparencia y la protección de los valores éticos comunes tanto a nivel nacional como europeo. Sin embargo, aún queda trabajo por hacer para cumplir plenamente con los requisitos de la Ley de Protección al Informante.
