La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido de manera contundente contra la reciente reforma legal aprobada en el Congreso, la cual permitirá que más de 40 presos de ETA puedan beneficiarse de reducciones de penas y excarcelaciones. Durante un evento realizado en la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Madrid, Ayuso describió esta modificación como un “gravísimo error” de la oposición, mientras sostenía que esta decisión pone en peligro la seguridad del país y fortalece a ETA.
A lo largo de su intervención, Ayuso no escatimó en críticas hacia el Gobierno de Pedro Sánchez, asegurando que “ETA está más fuerte que nunca” y advirtiendo que la reforma es una amenaza real para la convivencia. A pesar de los cuestionamientos de los medios de comunicación, la presidenta madrileña admitió que la aprobación parcial de la reforma fue un error que se encuentra en proceso de corrección. Sin embargo, subrayó que este fallo no habría cambiado el desenlace final, dado que el Partido Popular, que cuenta con una mayoría absoluta en el Senado, ha prometido votar en contra pero la reforma seguirá su curso sin enmiendas ni vetos.
El impacto de esta reforma ha provocado un intenso debate político en el país, ya que permitirá reducir las penas de más de 40 presos de ETA, generando una ola de controversia y preocupación entre diferentes sectores de la sociedad.
En su discurso, Díaz Ayuso también se refirió a la ruptura de la unidad entre las fuerzas políticas en la lucha contra el terrorismo, criticando la colaboración del Gobierno con Bildu y otros partidos que, según ella, están vinculados al entorno de ETA. La presidenta afirmó que esta nueva dinámica ha dejado a España indefensa, haciendo alusión al “espíritu de Ermua”, que marcó un hito en la lucha contra el terrorismo en el pasado.
Asimismo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, mostró su respaldo a las declaraciones de Ayuso, y también insistió en que la reforma traerá “gravísimas consecuencias”. Almeida destacó que el verdadero responsable de esta situación es el presidente Pedro Sánchez, a quien acusó de haber cambiado la memoria de Miguel Ángel Blanco por intereses políticos y económicos, refiriéndose a los pactos que facilitaron la aprobación de la reforma. A pesar de que el Partido Popular ha reconocido públicamente su error en el proceso legislativo, la reforma avanza sin obstáculos, lo que ha generado descontento y preocupación entre aquellos que luchan por mantener la memoria y la seguridad en la lucha contra el terrorismo.
