El Parlamento Europeo ha sido escenario de un significativo desayuno informativo, organizado por la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA). Este evento reunió a aproximadamente 60 eurodiputados, asesores parlamentarios y representantes de la industria con el objetivo de debatir las implicaciones del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) y su impacto en el sector del aluminio, esencial en la economía europea.
La sesión fue inaugurada por los eurodiputados Susana Solís Pérez y Adam Jarubas, ambos del Grupo PPE. Durante sus discursos, se destacó la necesidad urgente de adaptar el CBAM para cumplir con los objetivos climáticos sin sacrificar la competitividad industrial. Solís hizo hincapié en que el mecanismo actual no considera las especificidades del sector del aluminio, lo que podría tener efectos adversos en el empleo y la producción. Por su parte, Jarubas subrayó la urgencia de clarificar la implementación del mecanismo.
Antoine Chacun, representando a ODDO-BHF, alertó sobre el déficit de aluminio en Europa, afirmando que esta carencia pone en riesgo la transición verde. Argumentó que el diseño del CBAM podría encarecer el producto final, afectando de manera indirecta al origen de los materiales utilizados y no necesariamente reduciendo las emisiones.
Giorgio Di Betta, presidente de CENTROAL-ASSOMET, señaló que excluir etapas de producción del CBAM podría dar ventajas a productores extracomunitarios, lo que podría aumentar las emisiones en lugar de reducirlas. En complemento, Angelika El-Noshokaty, directora general de Aluminium Deutschland, advirtió sobre los problemas derivados de la falta de criterios claros para calcular la huella de carbono, lo cual podría desencadenar conflictos comerciales y sobrecostes en la industria.
La situación en el sector del aluminio se ha tornado crítica, especialmente tras el cierre de la planta de Alcoa en San Ciprián, obligando a España a importar 220.000 toneladas anuales de aluminio. Las sanciones a Rusia y los cambios en el comercio internacional han añadido complejidad al panorama.
La AEA, que representa a más de 650 empresas y a más de 17.000 profesionales en España, ha expresado su oposición al diseño actual del CBAM, argumentando que podría resultar en un impacto regulatorio desproporcionado y un riesgo de sobrecoste estructural ascendiendo a 11.000 millones de euros anuales en el sector transformador europeo.
Entre las propuestas de la AEA se incluyen la realización de evaluaciones de impacto antes de aplicar el CBAM, la exención temporal para el aluminio y el reconocimiento de las particularidades de los sectores intensivos en transformación. La AEA enfatiza que no se opone al CBAM ni a sus metas climáticas, pero aboga por una implementación ajustada que no ponga en riesgo la competitividad del sector.
El encuentro ha sido un valioso foro de diálogo entre la industria y los responsables políticos, buscando un equilibrio sostenible que alinee las metas ecológicas con la viabilidad económica de la industria del aluminio.
