La reciente orden de la Audiencia Nacional de bloquear cautelarmente la aplicación de mensajería Telegram en España ha generado un fuerte rechazo entre expertos jurídicos y asociaciones de derecho digital. La medida, catalogada como «desproporcionada» y «sin sentido» por profesionales del ámbito legal, ha suscitado un amplio debate sobre la libertad de expresión y el uso de redes sociales en el país.
Según expertos como Borja Adsuara, la decisión del juez Santiago Pedraz de bloquear Telegram representa un uso incomprensible del artículo 141 de la Ley de Protección Intelectual, el cual contempla la suspensión del servicio de aplicaciones dedicadas exclusivamente a la piratería, condición que no se aplica a Telegram.
Se espera que empresas y organizaciones presenten reclamaciones judiciales contra el Estado español en respuesta a este bloqueo, lo que podría desencadenar una serie de litigios y controversias legales.
El cierre de Telegram también ha tenido un impacto en la campaña electoral, afectando al candidato europeo Alvise Pérez, cuyo canal en la red social era clave para la difusión de su mensaje político. A pocos días de las elecciones europeas, algunos interpretan el bloqueo como una forma de censura política.
España se une así a un grupo selecto de países que han bloqueado el acceso a Telegram, generando preocupación entre los defensores de la libertad en Internet y planteando interrogantes sobre el rumbo del país en términos de derechos digitales y libertades civiles.
Ante la prohibición, se han difundido recomendaciones para sortearla, como descargar la app directamente desde la página oficial de Telegram y utilizar proxys para evitar los filtros impuestos por las compañías tecnológicas.
La decisión de bloquear Telegram ha motivado a los usuarios españoles de Internet a alzarse contra la censura y defender su derecho a la libre comunicación. El próximo 9 de junio, día de las elecciones europeas, podría ser un momento clave para mostrar solidaridad y rechazo a medidas que se perciben como atentados contra la privacidad y la libertad de expresión en España.
