El mercado inmobiliario español enfrenta un momento decisivo con el anuncio del nuevo Plan Estatal de Vivienda, que está programado para entrar en vigor en 2026 bajo la dirección del Gobierno de Pedro Sánchez. Este esfuerzo busca aumentar significativamente el presupuesto destinado a la vivienda pública, sin embargo, se ha revelado que hasta la fecha, solo se ha cumplido un 41,6% de los 4.175 millones de euros asignados al Ministerio de Vivienda para el año 2024. Esta situación ha provocado serias inquietudes entre los expertos en el sector, quienes insisten en la necesidad de una gestión presupuestaria más eficaz.
Mercedes Blanco, CEO de Vecinos Felices y una figura prominente en la dirección de Fincas Blanco, ha urgido a los responsables a pasar de la retórica a la acción, enfatizando la importancia de desarrollar un plan de vivienda sostenible a largo plazo que cuente con un presupuesto claro y transparente. Según Blanco, estos pasos son vitales para asegurar un mercado de alquiler que sea verdaderamente accesible para la población.
Recientemente se ha anunciado también la creación de una nueva empresa pública de vivienda que comenzará a operar en el primer semestre del próximo año, encargándose de gestionar alrededor de 30.000 viviendas provenientes del ‘banco malo’, de las cuales 13.000 están listas para ser ocupadas. Sin embargo, Blanco aclara que el éxito de esta iniciativa dependerá de su capacidad para ofrecer beneficios a largo plazo y no solo de abordar las necesidades urgentes.
En su análisis, Blanco subraya la necesidad de que las políticas se ajusten a las nuevas realidades demográficas y sociales que enfrenta el país, como el aumento de familias monoparentales. Propone aumentar la edificabilidad y facilitar la segregación de fincas para mejorar la densidad en áreas prioritarias. Además, sugiere mejorar las infraestructuras que permitan un mejor acceso a viviendas ubicadas hasta 50 kilómetros de las principales ciudades.
A su vez, también se ha observado una ineficiencia preocupante en el uso de presupuestos dirigidos a iniciativas como el Bono Alquiler Joven, que cuenta con 200 millones de euros desde su lanzamiento en octubre, pero cuya implementación ha sido irregular en varias comunidades autónomas. Blanco argumenta que es fundamental garantizar un mercado de alquiler accesible y sostenible, recomendando un incremento en las licencias para convertir locales comerciales en viviendas, asegurando que este proceso no dependa únicamente del sector privado.
«Si el sector público no asume su responsabilidad económica, las soluciones serán insuficientes y el problema estructural de la vivienda persistirá», advierte Blanco. Concluye enfatizando la necesidad de redistribuir los ingresos generados por el mercado inmobiliario, señalando que, en un país donde este sector contribuye de manera significativa a las arcas del Estado, es crucial que parte de estos recursos se redirijan hacia políticas de vivienda efectivas y sostenibles.
