La Fiscalía ha solicitado casi cuatro años de prisión para Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La petición, que asciende a tres años, nueve meses y un día de cárcel, responde a un presunto fraude fiscal y falsificación de documentos. Esta solicitud se produjo después de que la jueza Inmaculada Iglesias procesara a González Amador y autorizara el procedimiento abreviado en su contra el 29 de mayo.
La investigación tiene su origen en una inspección de Hacienda realizada en 2022, que reveló irregularidades en el Impuesto sobre Sociedades de González Amador durante los años 2020 y 2021. El informe fiscal estima que el fraude podría alcanzar los 350.951 euros, conectado a un entramado de facturas falsas en el que también están implicadas otras cuatro personas, todos empresarios.
Uno de los momentos más controvertidos del caso fue cuando Carlos Neira, abogado de González Amador, sugirió un pacto de conformidad a la Fiscalía. Propuso que su cliente admitiera dos delitos fiscales a cambio de una reducción de pena y la evitación del juicio. Sin embargo, la divulgación de este correo generó una investigación paralela en el Tribunal Supremo, donde el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, enfrenta un proceso por su posible conexión con el caso.
Entre los testigos que han declarado se encuentran las inspectoras de Hacienda que elaboraron el informe original y Javier Gómez Fidalgo, asesor fiscal que asistió a González Amador durante la inspección. El procedimiento judicial sigue abierto, con la Fiscalía, el PSOE y Más Madrid actuando como acusaciones.
Este asunto, que comenzó como una indagación técnica sobre impuestos, ha evolucionado hacia un escándalo político que podría tener repercusiones significativas en el entorno de Ayuso, una de las figuras más destacadas del Partido Popular. Mientras los tribunales continúan su labor, persiste una atmósfera de incertidumbre en un caso que entrelaza finanzas, política y la búsqueda de justicia.
