El ámbito judicial español se encuentra en una situación de tensión creciente debido al desarrollo reciente en el caso que vincula a varios investigados con la plataforma independentista Tsunami Democràtic. Estos individuos están siendo investigados por su presunta participación en los disturbios ocurridos en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés separatista catalán en octubre de 2019.
Cuatro de los investigados, que se encuentran refugiados en Suiza y no comparecieron a sus citaciones esta semana, ahora enfrentan órdenes de busca y captura. Esta situación marca un nuevo capítulo en el enfrentamiento legal que involucra tanto a la Fiscalía como a acusaciones particulares en este caso.
El juez Manuel García Castellón, al no contar con la comparecencia de estos individuos, solicitó a las partes implicadas que se posicionaran sobre los pasos a seguir. La Fiscalía se mostró en desacuerdo con emitir una petición de arresto internacional, mientras que la acusación particular, que representa a los policías heridos durante los actos liderados por la plataforma, insiste en la necesidad de proceder con la detención de los investigados.
La situación se complica aún más por el intento de algunos investigados de dilatar las diligencias, según acusa el despacho Fuster Fabra, interpretando estas acciones como un intento de eludir a la justicia y ocultar deliberadamente su paradero.
En este contexto, Marta Molina, secretaria de Movimientos Sociales de ERC e investigada en la causa, fue la única que compareció ante el magistrado, quien también había citado a otras figuras clave como Xavier Vendrell, Jesús Rodríguez Sellés, Josep Campmajó y Oleguer Serra. Marta Rovira, secretaria general de ERC, aún no ha sido citada pero ha solicitado poder declarar desde Suiza.
Ante esta situación, la posibilidad de realizar declaraciones por videoconferencia, sugerida por la Fiscalía y apoyada por precedentes del Tribunal Supremo, podría ser una solución intermedia que ayude a avanzar en el caso sin recurrir a arrestos internacionales. Sin embargo, la decisión final del juez García Castellón y su impacto en figuras como Puigdemont y Rovira siguen en vilo.
Este complejo escenario refleja el desafío continuo que enfrenta el sistema judicial español en el contexto del movimiento independentista catalán, donde las decisiones legales no solo tienen implicaciones en el ámbito judicial, sino que también resuenan profundamente en el tejido político y social de España.
