La Agencia Tributaria ha puesto en marcha una serie de investigaciones sobre Alberto González, el pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debido a posibles irregularidades fiscales relacionadas con su empresa Masterman SL. Desde noviembre de 2022, la Agencia inició una inspección ante sospechas de que esta compañía pudiera ser una mera sociedad pantalla utilizada por González para evadir impuestos. En el ejercicio fiscal de 2021, Masterman SL reportó ingresos de cientos de miles de euros, mientras que solicitó una devolución de impuestos que despertó el interés de las autoridades: 2.910,56 euros.
González enfrentó los requerimientos fiscales argumentando la imposibilidad de proporcionar certificaciones sobre sus acuerdos comerciales en varios países, incluyendo México y República Dominicana, citando razones de “confidencialidad” debido a la implicación de figuras de alto perfil, como presidentes y ministros de Salud.
La investigación ha revelado que González habría utilizado Masterman SL para ocultar ingresos de su otra empresa, Maxwell Cremona, en collusión con Quirón Prevención, lo que habría facilitado el ajuste a la baja de sus obligaciones fiscales. Las pruebas aportadas por González, tales como presentaciones de Power Point y capturas de pantalla, fueron consideradas insuficientes y ambiguas por los inspectores.
Entre los hallazgos más llamativos, el juez a cargo del caso ha señalado que González intentó deducir como gastos empresariales la compra de artículos personales, como hilo dental y un reloj Rolex, lo cual ha sido calificado de “inequívocamente defraudatorio”. Esta actividad se desarrolló mientras mantenía una relación con Ayuso, quien se hizo pública en 2021, lo que ha añadido un ángulo de interés a la investigación.
Con la apertura de un nuevo procedimiento penal por posibles delitos fiscales y una imputación previa por falsedad documental, la situación de González se complica aún más debido a la conexión con Ayuso. Dicha relación ha alimentado aún más el escrutinio público sobre sus negocios y operaciones. La investigación continúa, y las autoridades judiciales determinarán si el entramado empresarial de González configura delitos de corrupción en los negocios, además de los cargos de fraude fiscal y falsedad documental que se encuentran sobre la mesa.
