La controversia se generó el lunes pasado cuando el sindicato Jupol denunció que diez policías nacionales, enviados a Mallorca para tareas de seguridad, estaban siendo «literalmente expulsados» del Hotel Amic Horizonte por falta de pago. En respuesta, el hotel desmintió de manera contundente estas afirmaciones, calificándolas de «absolutamente falsas» y acusando al sindicato de dañar su reputación mediante una narrativa manipulada.
En un comunicado, el establecimiento afirmó: «Ningún agente ha sido desalojado ni forzado a abandonar nuestras instalaciones». Además, aclararon que las imágenes de policías saliendo con maletas no representan una expulsión real, sino lo que consideraron una «puesta en escena organizada», ya que los agentes continuaban alojados en el hotel.
El sindicato, que en sus primeras declaraciones habló de un anticipo insuficiente para cubrir las dietas, tuvo que matizar su versión afirmando que «no hubo expulsión alguna». No obstante, el hotel lamentó que su nombre y su imagen se hayan utilizado sin su consentimiento para fines ajenos.
Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) se reiteró que ningún establecimiento había desalojado a los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP). Además, se informó que un hotel asociado en Peguera y Cala Fornells se ofreció a alojar a los agentes de forma voluntaria.
Fuentes policiales confirmaron la versión del hotel, indicando que los agentes recibieron el 80% de su dieta, siguiendo el protocolo establecido, y que solo nueve abandonaron temporalmente el alojamiento, de los cuales siete regresaron por decisión propia el mismo día. También se desmintió una afirmación de Jupol que vinculaba el operativo con la Casa Real.
Este conflicto ha puesto de manifiesto las fragilidades en la comunicación entre instituciones y sindicatos, lo que ha resultado en acusaciones cruzadas que afectan la imagen de aquellos que simplemente cumplían con sus órdenes.