La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha hecho un balance de sus actividades de control y sanción en los últimos cinco años, durante los cuales ha interpuesto un total de 38 expedientes sancionadores relacionados principalmente con la conservación de cauces y otras acciones sobre el dominio público hidráulico. De estos, ocho han sido dirigidos a ayuntamientos, lo que ha generado quejas y preocupaciones, especialmente en pequeños municipios de la provincia de Guadalajara. Esta información fue proporcionada por el presidente de la CHT, Antonio Yáñez, durante la firma de un convenio con la Diputación.
Yáñez detalló que, desde 2020, se han registrado siete sanciones específicas en Guadalajara por la conservación de cauces, siendo cuatro a entidades locales. En respuesta a las críticas sobre un supuesto afán recaudatorio por parte de la CHT, el presidente subrayó que solo el 4,8% de la recaudación total proviene de sanciones, mayormente relacionadas con captaciones ilegales. “Si tuviéramos que vivir de las sanciones que ponemos, no cobrábamos a final de mes”, señaló, buscando desmitificar la percepción negativa que rodea a estas sanciones.
Durante su visita a Guadalajara, el presidente también abordó la cuestión de las solicitudes de autorización para realizar acciones en cauces, que han alcanzado casi un centenar en 2024. De estas, 73 solicitudes han sido aprobadas, mientras que 25 han sido denegadas. En comparación, en 2020 se concedieron 58 autorizaciones, con solo una negación. La razón del aumento en las solicitudes, según Yáñez, radica en la nueva figura de la declaración responsable, cuya implementación ha presentado algunos problemas debido a la falta de experiencia.
Respecto a la depuración de aguas, un tema de gran relevancia para los municipios, Yáñez indicó que esta es una competencia local, mientras que la CHT se encarga de la vigilancia de los cauces. Afirmó que cualquier denuncia relacionada con vertidos es atendida por funcionarios de la CHT. Reconoció la necesidad de una atención especial a la situación actual y expresó su esperanza de que una próxima directiva de aguas residuales pueda ofrecer soluciones viables para los pequeños municipios que carecen de recursos suficientes para cumplir con las normativas vigentes.
Por su parte, el presidente de la Diputación, José Luis Vega, hizo un llamado a evitar la demagogia en este asunto, destacando que muchos pequeños ayuntamientos enfrentan serias dificultades para adherirse a las leyes actuales. Propuso la creación de un estatuto del pequeño municipio que defina claramente las competencias asumibles, abogando por que estas vengan acompañadas de la financiación adecuada. Vega enfatizó que las diferencias entre los municipios grandes y pequeños deben ser consideradas al momento de redactar leyes, subrayando que los ayuntamientos no pueden soportar las sanciones que se les imponen en este contexto.
vía: Diario de Castilla-La Mancha
