La Comisión Europea y las autoridades nacionales de protección de los consumidores de la Unión Europea han publicado sus conclusiones sobre los 8,5 millones de vehículos llamados a revisión en su ámbito territorial por el grupo Volkswagen tras el escándalo ‘dieselgate’.

En dichas conclusiones se acogen favorablemente los esfuerzos del Grupo Volkswagen para generar confianza en las llamadas a revisión, y la mejora significativa de la información facilitada a los consumidores.

La tasa de reparación está alcanzando el 80 por ciento y el grupo empresarial se ha comprometido a continuar la actualización gratuita y la correspondiente garantía de hecho para resolver los problemas que surjan tras la actualización hasta el final de 2020. No obstante, la Comisión y las autoridades de consumo lamentan que la empresa no haya podido dar una garantía completa y clara en caso de problemas después de la reparación.

En sus conclusiones, la Comisión Europea y las autoridades de consumo están de acuerdo en que las medidas adoptadas por Volkswagen han tenido hasta ahora como resultado una evolución positiva en lo que respecta a la información disponible en línea, con una gran cantidad de preguntas y respuestas y videoclips, sobre el motivo de la actualización y cómo obtenerla, y sobre la medida de generación de confianza.

Por otra parte, Volkswagen no ha proporcionado una garantía completa y clara de que la actualización no afecta al rendimiento de los vehículos y se ha negado a simplificar las condiciones de acceso a la medida de generación de confianza.

El Grupo Volkswagen se ha comprometido a responder a todas las reclamaciones que los consumidores puedan realizar después de la reparación.

En consecuencia, se anima a los consumidores afectados a que se pongan en contacto con sus concesionarios locales si tienen problemas relacionados con la actualización.

En caso de que se deniegue la asistencia, deberán presentar una denuncia formal en los puntos de contacto nacionales de Volkswagen para la llamada a revisión y ponerlo en conocimiento de las oficinas de atención al consumidor autonómicas y municipales.

La conclusión de esta acción coordinada a nivel de la Unión Europea no excluye otras medidas a adoptar por las autoridades responsables de la aplicación a nivel nacional, de acuerdo con sus circunstancias locales.

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