En un trágico suceso que ha conmocionado al suroccidente asturiano, una explosión en la mina de Cerredo, en Degaña, ha resultando en la muerte de cinco trabajadores y ha dejado heridos a otros cuatro. El acontecimiento, que tuvo lugar este lunes, ha desencadenado la apertura de diligencias de investigación por parte del Juzgado de Cangas del Narcea para esclarecer las circunstancias detrás del siniestro.
La investigación, a cargo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, explora entre otras cosas si las operaciones llevadas a cabo por la empresa Blue Solving dentro de la mina se alineaban con la licencia de investigación otorgada en el verano de 2024. Esta licencia permite la inspección en busca de minerales o materiales específicos sin abarcar la extracción de carbón. Parte del escrutinio se centra en la retirada de chatarra y materiales de antiguas explotaciones, cuestiones claves considerando la ubicación del incidente en el nivel tres de la vieja estructura minera.
Un punto crítico en la investigación es la hipótesis de que la explosión fue causada por una acumulación de grisú, un gas compuesto mayoritariamente por metano que representa un peligro constante en las minas de carbón debido a su capacidad de explotar sin aviso. A pesar de ser inodoro, existen detectores de grisú, y su riesgo puede ser mitigado mediante sistemas adecuados de ventilación.
El accidente ha resaltado el potencial peligro de las actividades mineras en la región, marcando el incidente más grave ocurrido en una mina asturiana en los últimos treinta años. Las víctimas mortales, identificadas como Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio, y David Álvarez, eran todos vecinos de la provincia de León, con edades comprendidas entre los 32 y 54 años. Los heridos, tres leoneses y un asturiano, se encuentran recuperándose de quemaduras y traumatismos en hospitales de la zona.
Este lamentable evento ha puesto de relieve los riesgos inherentes a la labor minera y la importancia de cumplir estrictamente con las regulaciones de seguridad. La última inspección realizada en la mina, en septiembre, no había señalado irregularidades, según indicó la consejera de Industria del Principado, Berlarmina Díaz. A medida que avanza la investigación, la comunidad espera respuestas y medidas para prevenir futuros incidentes.
