En el marco de las investigaciones que salpican al entorno del presidente del Gobierno, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llevado a cabo un nuevo registro en las oficinas de la Diputación de Badajoz. Este operativo, que marca la tercera ocasión en que se realizan intervenciones en esta institución, se enfoca en David Sánchez, hermano del presidente, y en varios altos cargos de la diputación. Según fuentes cercanas al caso, el objetivo de este registro ha sido realizar un volcado exhaustivo de los servidores para rescatar nuevas cuentas de correo electrónico.
Las acciones de la UCO comenzaron el pasado 10 de julio con un primer registro que permitió la confiscación de la correspondencia electrónica de David Sánchez y otros funcionarios. Un segundo registro tuvo lugar el 18 de julio, debido a «errores informáticos» que impidieron recopilar todos los datos necesarios en la primera intervención, según la autoridad judicial responsable de la investigación.
La atención de los investigadores se centra en los detalles que rodean la contratación de David Sánchez en la diputación y su actuación en el puesto. Se sospecha de posibles delitos contra la Administración Pública, como prevaricación, tráfico de influencias, malversación y enriquecimiento ilícito. Además, se investiga su situación fiscal, ya que existen indicios de que podría residir fiscalmente en Portugal, lo que podría abrir una nueva vía de investigación relacionada con delitos contra la Hacienda Pública.
Las investigaciones previas no solo han puesto la mira en David Sánchez, sino que también han llevado a la confiscación de correos electrónicos de Miguel Ángel Gallardo, presidente de la diputación, y de otros siete empleados de la entidad. Las autoridades han indicado que los indicios recabados refuerzan la sospecha sobre la comisión de los delitos investigados.
Este escándalo ha generado reacciones en el ámbito político. Miguel Tellado, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que «dé la cara» ante estas acusaciones que no solo afectan a su hermano, sino también a su círculo más cercano, incluyendo a su esposa, Begoña Gómez. Tellado ha denunciado lo que describe como una «estrategia del escapismo» del presidente, en una situación que considera «insostenible».
La continuación de estas investigaciones y los resultados de los registros recientes podrían tener consecuencias significativas para los implicados y para el Gobierno en su totalidad. A medida que avanza la indagación, la presión por parte de la oposición continúa en aumento, con demandas de transparencia y respuestas sobre lo que se clasifica como un «caso» de corrupción y tráfico de influencias que involucra al presidente del Gobierno.
