Nuevas informaciones han surgido revelando una serie de irregularidades en la contratación de obras para centros de Formación Profesional (FP) en la Comunidad de Madrid, bajo la administración de Isabel Díaz Ayuso. Este asunto, que ha ganado notoriedad en las últimas semanas, ha llevado a la presidenta regional a enfrentar un creciente escándalo debido a los contratos fraccionados en la construcción de varios de estos centros, ahora bajo la lupa de las autoridades.
Uno de los casos más recientes que ha llamado la atención es el del IES Ignacio Ellacurría en Alcorcón. Este instituto había sido presentado como un modelo de educación online durante la pandemia, pero recientes investigaciones han puesto al descubierto prácticas que podrían haber infringido la Ley de Contratos del Sector Público. Se alega que la administración de Ayuso adjudicó obras sin seguir los procedimientos establecidos, fraccionando los contratos para eludir el control correspondiente.
Un aspecto particularmente preocupante de estas irregularidades es el desvío de fondos, con el vertiginoso movimiento de dinero hacia otros municipios. Por ejemplo, en el caso del Instituto Luis Buñuel en Móstoles, los recursos destinados a esta infraestructura se utilizaron para solventar pagos a las constructoras involucradas en el proyecto de Alcorcón, lo que permitió actuar al margen de la supervisión financiera.
Las investigaciones han señalado a Alfonso Mateos, subdirector de FP, como uno de los principales implicados en este entramado de irregularidades. A pesar de la destitución de varios altos funcionarios de la Consejería de Educación, persisten las dudas sobre la magnitud del problema y la posible complicidad de otros responsables, incluyendo nombres destacados como Enrique Ossorio, exconsejero de Educación, y Manuel Bautista, actual alcalde de Móstoles.
Este escándalo no solo ha impactado a la administración regional, sino que también ha levantado serias interrogantes sobre la transparencia y la gestión pública en el ámbito educativo de Madrid. Con cada nueva revelación, la presión política sobre el gobierno de Ayuso se intensifica, a medida que las acusaciones de corrupción y prevaricación resuenan con mayor fuerza en el debate público. Las autoridades se encuentran ahora ante la difícil tarea de proporcionar respuestas y garantizar la integridad del sistema educativo en la Comunidad.
