En un evento sin precedentes en Madrid, el movimiento ciudadano Iustitia Europa (IE) ha revolucionado el panorama político español con la presentación de su contrato electoral. Esta propuesta busca instaurar un cambio radical en la gobernanza del país, posicionándose como una alternativa firme al régimen constitucional del 78. Compuesto por quince puntos clave, el contrato aboga por reformas profundas que van desde la modificación constitucional hasta la despartidización del Estado, con un enfoque decidido en el combate a la corrupción y un rediseño de la política económica nacional.
Luis María Pardo, presidente de IE, se dirigió al público con un discurso apasionado, enfatizando la necesidad de anteponer «los intereses de los españoles por encima de cualquier ideología». En este sentido, la formación promueve un modelo de participación ciudadana activa, donde asociaciones, partidos y organizaciones tengan voz y voto en los procesos judiciales que afectan a la comunidad. Esta iniciativa se presenta como una herramienta esencial para combatir la corrupción, proponiendo también una reforma del artículo 125 de la Constitución.
La crítica de IE no se limita al marco político y jurídico actual, sino que también se extiende a las políticas de salud, demandando un sistema que respete la libertad de elección de los ciudadanos. Además, su propuesta de soberanía nacional aboga por una postura que se distancie de alineamientos estratégicos que puedan comprometer la paz y neutralidad de España.
En el ámbito medioambiental, Iustitia Europa rechaza las políticas establecidas en la Agenda 2030, sugiriendo una revisión exhaustiva de las mismas. Asimismo, aboga por un control más riguroso de la inmigración y propone revisar la legislación que regula a la Guardia Civil, defendiendo la necesidad de desmilitarizar este cuerpo de seguridad.
Con su contrato electoral, Iustitia Europa lanza un desafío directo al panorama político español y a los paradigmas que lo han sustentado durante décadas. La propuesta busca abrir un diálogo nacional sobre el futuro del país, insistiendo en la necesidad de una revisión colectiva de lo que implica gobernar y ser gobernado en la España contemporánea. Este llamado a la acción refleja un descontento creciente con el statu quo y podría marcar el inicio de un cambio significativo en el espectro político, con repercusiones que podrían perdurar a lo largo de las generaciones.
